"Las promesas de Lim fueron verbales"

La cita tenía su enjundia. Pasaban pocos minutos de las nueve de la mañana y a la puerta del edificio de la Ciudad de la Justicia quedaba patente que no era un día normal. La cola para acceder a su interior era de las habituales, pero el enjambre de periodistas, cámaras y micrófonos unido a un pequeño grupo de aficionados con carteles sobre fondo amarillo que rezaban el ya archiconocido "Lim go home".

Camino de los nueve años después de la venta del

a

, un grupo de cinco accionistas han conseguido llevar ante los tribunales de justicia al por entonces presidente del club,

y al máximo representante de la

, como mayor acionista del club en ese momento,

. La expectación estaba razonada. Ninguno de los dos ha querido manifestarse al entrar y han tenido que aguantar los improperios de los seguidores que no les perdonan que fueras los adalides de

en ese momento crucial de la historia del club.

Tras algo más de cuatro horas de juicio civil (el más mediático de este calibre que se ha vivido en mucho tiempo en la Ciudad de la Justicia, como atestiguaban los más veteranos del lugar), pocas cosas se han podido sacar en claro. Ni Salvo, ni Martínez han pedido disculpas (ni nada parecido) por la campaña que hicieron en pro de Lim, ni la parte acusadora ha conseguido demostrar que hubo ni presiones, ni coacciones para que los patronos de la Fundación decidieran que la opción de Meriton era la mejor para venderle el paquete accionarial mayoritario del club.

Entre medias, ha habido momentos llamativos como cuando el abogado de la acusación, Jaime Navarro, ha pedido la declaración de Peter Lim y el juez, rápidamente, la ha tildado de "prueba inútil".

O como cuando Aurelio Martínez que se ha mostrado retador en los 22 minutos de explicación, ha respondido a su señoría que sí hubo compromisos verbales por parte de Meriton, pero que no recordaba quién fue el que los realizó.

Otros siete comparecientes han desfilado ante el juez que será el encargado de dilucidar si Aurelio y Amadeo deben costear los 1.900 euros que se les reclaman por "daños morales y económicos"