Arranca la investigación por el incendio de Campanar con la citación de los primeros testigos: la Científica y el jefe de Bomberos

El Juzgado de Instrucción número 9 de València, que investiga el incendio del edificio del barrio valenciano de Campanar en el que fallecieron diez personas el pasado 22 de febrero, ha citado a declarar a policías y bomberos en calidad de testigos.

El 15 de octubre deberá comparecer el comisario jefe de la brigada provincial de policía científica de la Policía Nacional, que fue autor del informe elaborado unas semanas después del incendio, que concluyó que el mismo fue fortuito.

También el día 15 han sido citados cinco técnicos policiales que participaron en el referido informe, a fin de que puedan responder a las preguntas o aclaraciones que soliciten las partes.

Por último, se cita el 22 de octubre al jefe del Cuerpo de Bomberos de València para ser interrogado respecto a los protocolos de extinción de incendios en la ciudad, que ya han sido remitidos al juzgado, tal y como se solicitó una vez que la Audiencia Provincial ordenó reabrir la investigación en junio.

Se trata de las primeras testificales después de que el pasado mes de junio la Audiencia ordenara al juzgado reabrir la causa tras el sobreseimiento decretado el 8 de marzo y confirmado el 2 de abril por la primera instancia judicial.

El instructor archivó inicialmente el procedimiento al descartar la Policía un origen delictivo en el fuego y con un informe inicial de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia que comunicó el 6 de marzo al juzgado que las primeras investigaciones permitían descartar el origen criminal o delictivo del incendio de los edificios.

Contra el archivo de las actuaciones recurrieron las defensas de afectados, a las que se adhirieron el ministerio fiscal y otras partes, entre ellas, la Asociación de Residentes Damnificados por el Incendio de Campanar (Ardic) y la Comunidad de Propietarios de la calle Rafael Alberti, 2.

Tras estudiar el caso, la Audiencia consideró que se debía continuar la tramitación de diligencias previas dado que, entre otras razones, el órgano instructor no había agotado todas las vías de investigación respecto al propio edificio: si contaba con las oportunas licencias, si los materiales empleados para su construcción contribuyeron a la propagación del fuego, cumpliendo o no la normativa exigida en ese momento, así como los administradores de la empresa constructora, mantenimiento, y otros datos de interés para el esclarecimiento de los hechos.

En esta línea, subrayaba que era precisamente la práctica de las diligencias la finalidad de la fase de instrucción. Por tanto, entendía que no resultaba asumible que se cerrara la instrucción sin que por el Juzgado de Instrucción se practicaran todas las diligencias que fueran necesarias para determinar y aclarar todas las circunstancias que rodearon el siniestro.