El concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell, ha manifestado este viernes el "firme compromiso" de este consistorio para "cumplir la norma estatal y europea" referida a la "Zona de Bajas Emisiones (ZBE)".
Carbonell (PP), que se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, ha afirmado que "nadie tiene que tutelar" a esta ciudad en esta materia porque cumple. Ha aludido así a declaraciones de la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé (PSOE), respecto a la vigilancia que el Ejecutivo central ejercerá sobre los gobiernos municipales para que "no tiren atrás" en proyectos sostenibles financiados con Next Generation como carriles bici o ZBE" por "discursos negacionistas o intereses políticos.
"La delegada del Gobierno ha entrado en el debate municipal, quizá asumiendo un papel ya más de oposición municipal que el que específicamente le corresponde", ha manifestado Jesús Carbonell, que ha lamentado que se intente "generar un clima de desconfianza hacia la corporación" local de València "deslizando la imagen de que existe la pretensión de incumplir la normativa de ZBE".
"Y eso no es así", ha subrayado Carbonell, que ha apuntado que "ha habido un problema puntual de personal que ya está solucionándose". "El Ayuntamiento tiene el firme compromiso de cumplir la normativa estatal y europea en materia de ZBE. La advertencia de la delegada del Gobierno es pura retórica", ha añadido.
El concejal ha afirmado que "no existe un régimen sancionador en la normativa reguladora" de esas zonas "para las administraciones que incumplen la normativa" al respecto y ha considerado que así "su vigilancia no tiene una traducción práctica".
Asimismo, ha expuesto que el consistorio "cumplirá la normativa estatal con independencia de que no exista ese régimen sancionador". "Va a cumplir sin necesidad de supuestas tutelas de la Delegación del gobierno. Lo importante es que el Ayuntamiento tiene el firme compromiso de cumplir la normativa de ZBE. Por tanto, no existe ningún riesgo ni de perder fondos europeos ni de que nadie nos venga a decir que estamos incumpliendo ninguna norma", ha apostillado.
El titular de Movilidad ha resaltado que València es "una de las primeras" ciudades de la Comunitat en disponer de una ZBE y ha concretado que es "el Área de Prioridad Residencial (APR)" de Ciutat Vella, además de señalar que es "de las más restrictivas porque sólo se deja circular a vecinos salvo algunas excepciones".
En la misma línea, se ha expresado la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, durante la visita que ha hecho a San Isidro y preguntada por este asunto. "Le pido --a Bernabé-- que esté igual de vigilante que con València en el resto de municipios de la Comunitat. València es de los pocos o la única ciudad con obligación de establecer ZBE que lo ha hecho formalmente antes de 31 de diciembre de 2023. La ZBE es la establecida en la APR y seguiremos cumpliendo las normas. Somos Capital Verde Europea y tenemos un compromiso claro e ineludible con las bajas emisiones", ha afirmado la primera edil.
APR
Carbonell ha hablado también del "debate" sobre "las multas en el APR" y ha declarado que "efectivamente, durante el último trimestre no se tramitaron sanciones debido a la situación de precariedad de personal en el que está no sólo Movilidad sino todo el Ayuntamiento".
El concejal ha apuntado que este es "un problema heredado" por el actual gobierno --PP y Vox-- y ha reiterado que se está "en vías de solución". "Hay personas dedicadas a la tramitación de esos expedientes y, de manera inmediata, se van a tramitar este tipo de sanciones". Catalá ha señalado que ha habido "carencias administrativas que ya han sido solventadas" y ha apuntado que "se van a tramitar todas las multas con condiciones de normalidad".
El titular de Movilidad se ha referido a críticas de la oposición --Compromís y PSPV-- sobre la posibilidad de perder fondos europeos y ha indicado que los vinculados a la ZBE "están referidos a software y a cámaras", a la vez que ha detallado que "el APR es un ámbito específico en el cual no se ha invertido ni se tienen que invertir esos fondos".
"Los problemas que haya podido existir en cuanto a la tramitación de estas sanciones en el ámbito del APR son completamente independientes, nada tienen que ver con los fondos europeos vinculados a la ZBE que ha recibido la ciudad", ha remarcado. Asimismo, ha señalado que "la única pérdida registrada en este Ayuntamiento ha sido la de 10 millones de euros por la falta de gestión del anterior gobierno".
"IMPUNES"
Desde la oposición, la socialista María Pérez ha criticado que los miembros del actual ejecutivo "se consideran impunes para no aplicar la ZBE" y ha dicho que a Carbonell "no le importa la salud de los vecinos si no hay sanciones que le obliguen a protegerla".
"El Gobierno ya ha advertido a --la alcaldesa, María José-- Catalá (PP) sobre la ZBE y que vigilará los pasos que está dando. Llevamos advirtiendo meses de que en València se están tomando decisiones y realizando actuaciones que van totalmente en contra" y el Ayuntamiento "no ha querido asumir un problema de contaminación, por lo que ha reducido a la mínima expresión la ZBE, sólo para cubrir el expediente".
"Qué casualidad que en el momento en el que el gobierno municipal decide convertir el APR en ZBE para cumplir con la normativa estatal las cámaras dejan de multar", ha añadido Pérez, que ha dicho que "una de las características de las ZBE para dar cumplimiento a ley es que existe un régimen sancionador". "El Gobierno estará vigilante porque las dudas sobre el incumplimiento son contundentes", ha apostillado.
"MINTIENDO DE NUEVO"
Desde Compromís, Giuseppe Grezzi, ha acusado al PP de estar "mintiendo de nuevo sobre la paralización de las sanciones en el APR". "Catalá se presentó a las elecciones con un programa electoral que prometía que iba a dejar de sancionar en el APR y lo único que ha hecho es cumplirlo, aunque pueda constituir una prevaricación", ha declarado.
Grezzi ha agregado que además "cuando le ve las orejas al lobo por las consecuencias que pueden tener sus medidas, miente de nuevo asegurando que dejar de sancionar a los infractores se debe a un desplazamiento del personal que tramitaba las multas". "Puede haber habido movimientos de personal, pero los encargados de tramitar las sanciones siguen en sus puestos", ha asegurado.
