El 'defensor del pueblo' valenciano apunta a Pradas como máxima responsable por la Dana y carga muy duro por el comportamiento posterior de los políticos

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, acompañado de la adjunta primera, Concha Bru, y del segundo, Carlos Castillo, ha presentado en Les Corts su Informe Anual 2024 en el que denuncia que «la excepcional pérdida de vidas humanas que provocó la Dana ha puesto de manifiesto el fracaso de la Administración en la protección del derecho a la vida». En este sentido, Ángel Luna, ha dejado claro que no quiere opinar sobre las responsabilidades de cada cual aquel fatídico 29 de octubre, para añadir que "la ley es clara" y señala que la Generalitat Valenciana estaba al frente de las Emergencias y que Salomé Pradas, entonces consellera de Emergencias, era la máxima responsable.

Luna también ha censurado la falta de solidaridad y leal cooperación institucional entre los responsables de las diferentes administraciones para afrontar las consecuencias de la catástrofe.

El defensor autonómico, en el ejercicio de sus funciones, ha aclarado que hubiera investigado cómo se gestionó la emergencia causada por la DANA, pero la Ley del Síndic no permite que intervenga si ya hay acciones judiciales en curso sobre el tema. Así pues, serán los juzgados y tribunales los encargados de decidir el alcance de las presuntas responsabilidades de cada administración, y de sus titulares, en la gestión de la catástrofe.

No obstante, quedan actuaciones e inactividades administrativas que deben ser analizadas. De hecho, en la reunión del Observatorio de la Infancia y Adolescencia del Síndic celebrada el 16 de diciembre de 2024, algunos trabajadores públicos y profesionales de diversos sectores asistentes manifestaron que la ausencia de riendas institucionales estaba provocando que se funcionara en el «caos». Miembros del Observatorio fueron contundentes al señalar que la falta de ordenación de las prioridades de intervención, y de las más elementales medidas de coordinación entre administraciones, estaban provocando la pérdida de eficacia de los considerables esfuerzos realizados.

Luna ha señalado que «la extrema polarización política que se ha instalado en nuestras instituciones resulta fatal en momentos en que se necesitan esfuerzos coordinados y generosos». La falta de coordinación entre administraciones, junto con una especie de carrera por visibilizar las diferentes ayudas, ha causado confusión y desasosiego en la ciudadanía, obligando a los afectados a lidiar con trámites innecesarios y contradictorios. «Es inaceptable que, en momentos de crisis, las administraciones no trabajen juntas de manera efectiva».

Casi todas las deficiencias que vienen impidiendo satisfacer el derecho a una buena administración se han hecho presentes en las actuaciones posteriores a la catástrofe. El Síndic entiende que la mejor respuesta a los daños provocados por la DANA pasa por aplicar el derecho a una buena administración en todas y cada una de las actuaciones que deben llevar a término los entes públicos.