La mitad de la plantilla de la Policía Local de Villafranca, de baja: ¿Es ético?

La mitad de la plantilla de la Policía Local de Villafranca de los Barros está de baja. De los 28 agentes que hay, solo 14 están en activo. Bajas médicas que coinciden con una serie de reivindicaciones, y que ponen en alerta a los vecinos ante los problemas de seguridad que se puedan originar. Ahora bien, siendo legal, ¿es ético lo que están haciendo estos agentes?

Joaquín Rodríguez, portavoz del gobierno local de Villafranca, afirma que “serán legales, pero no son morales”, y el alcalde, Francisco Javier Jiménez Araya, en esa línea, sentencia: “No cuestiono a los facultativos médicos, pero que nadie nos tome por tontos, porque yo no tengo ni un pelo de tonto”.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros ha convocado una Junta Local de Seguridad para trasladar a la Delegación del Gobierno la petición de refuerzos de la Guardia Civil hasta la resolución de este conflicto laboral entre el gobierno local y el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-Extremadura (SPPME).

El alcalde acusa a los agentes de “evadir obligaciones y utilizar la baja como elemento de presión para conseguir sus fines”.

En un comunicado, la Delegación del SPPME en Villafranca ha asegurado que el origen del problema no es económico sino que “los afiliados a este sindicato llevan sufriendo, desde hace muchos meses, un trato arbitrario e improcedente”.

El alcalde ha hecho público el documento entregado por el sindicato policial cuya solicitud consiste en la “aplicación inmediata” de una instrucción interna propuesta y la “asimilación del complemento de productividad” como complemento específico en una cantidad de 250 euros para los agentes y 300 euros para los oficiales.

Según ha explicado, parte de la Policía Local venía cobrando de forma “ilegal” lo que ha calificado como “un salario encubierto por la vía de la productividad” desde mayo de 2022, una medida acordada por este sindicato con el anterior gobierno (Cs-PP) que dejó “al margen a 4 policías y al resto de trabajadores municipales”.

Además, en el documento del SPPME informaban de “la negativa de realizar servicios extraordinarios” por parte de los agentes hasta que se aprobaran sus dos peticiones, lo que el alcalde ha tildado de “chantaje”.

“En el camino se quedan los derechos de los ciudadanos, los que pagan con sus impuestos para tener seguridad. Reivindicaciones todas las que quieran, pero chantajes ningunos, y la única vía para el entendimiento es la negociación”, ha dicho el alcalde.