La Comunidad de Labradores reclama a la Junta "certezas y justicia" en las expropiaciones del regadío

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYG) reclama al Gobierno extremeño que el secretario general de Desarrollo Rural, Manuel Mejías Tapias, acuda mañana al encuentro con la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros con “certezas y justicia” sobre el precio de las expropiaciones a pagar a los afectados por el proyecto de regadío, “para que los agricultores sepan a qué atenerse”.

La CLYG considera que Mejías Tapias tiene mañana una magnífica oportunidad para demostrar si el gobierno de Fernández Vara está realmente comprometido con el regadío, y para eso -apuntan- sólo es necesario que anuncie un pago justo por las expropiaciones, que evite enfrentamientos entre agricultores y que establezca un calendario claro de actuaciones para "despejar dudas y sembrar certidumbres".

Añaden los labradores que, si el secretario general de Desarrollo Rural no viene con respuestas concretas “y se limita a dar un mitin como en ocasiones anteriores, quedará patente que este proyecto es únicamente un instrumento de propaganda política que utilizan periódicamente a menos de dos años de las elecciones autonómicas”.

Los agricultores demandan del representante del Gobex diálogo y negociación para que la Administración ejerza el arbitraje y establezca unos “precios justos y equitativos”, sin que los afectados tengan que incurrir en gastos técnicos y jurídicos para valorar y defender sus tierras.

Los agricultores de Tierra de Barros demandan para los damnificados por servidumbres de paso permanentes o temporales con pequeñas parcelas de tierra -que representan el 87% del total los afectados- la misma “solidaridad proclamada” para las pequeñas explotaciones alejadas de los pantanos respecto a las grandes explotaciones próximas a los embalses.

Explican en esta línea que, si los afectados de las parcelas más grandes y próximas al agua tienen que ser solidarios con las más pequeñas y más alejadas, que los damnificados por las servidumbres también gocen de esa solidaridad respecto a los afectados por las expropiaciones de grandes fincas y de las balsas -que son el 13%-.

El fin último -subrayan- es que a quienes se vean damnificados por las servidumbres de paso se les dé un trato justo en cuanto al precio de las indemnizaciones, para que no tengan que incurrir en gastos de técnicos y abogados, “ya que da la impresión de que el Gobierno de la Junta lo que pretende es que la mayor parte de ese 87% de afectados por servidumbres desista de ejercer su derecho al recurso, porque a la ya de por sí pequeña indemnización que percibirían le deberían restar los gastos técnicos y jurídicos para valorar y defender sus tierras”.

La CLYG reclama al secretario de Desarrollo Rural respuestas concretas porque “ya es hora de que se presente con precios justos sobre las expropiaciones, costes estimados para la puesta en regadío de explotaciones y previsión de líneas de ayudas y financiación de la Junta de Extremadura a los agricultores para afrontar esta inversión”.

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo reitera una vez más que, desde el punto de vista técnico, no entra a valorar el Proyecto de Regadío de Tierra de Barros porque no cuenta con los recursos humanos y financieros necesarios para hacerlo, y concluye que la decisión de transformar los cultivos de secano en regadío es una decisión única y exclusiva de los propietarios de las tierras, si bien en lo que pueda defender los intereses de los agricultores, como en el caso de las indemnizaciones, estará siempre “dando la batalla”.