Los agricultores de Tierra de Barros plantean un decálogo de medidas para mejorar la PAC 2023-2027

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYG) expresa su rechazo al borrador de la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC), porque considera que las modificaciones y novedades que contempla perjudican los intereses de los agricultores de Tierra de Barros, e insta a Fernández Vara a que eleve el decálogo de propuestas elaborado por profesionales del sector agrario al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para su inclusión en el Plan Estratégico que deberá remitir a Bruselas antes del 31 de diciembre.

La Comunidad de Labradores entiende que España no se puede permitir el lujo de perder más de 4.700 millones de euros respecto a la actual PAC, lo que supone un 10% menos de presupuesto, ya que se trata de un dinero que debe ir a parar al campo, “y en estos momentos es más necesario que nunca, si analizamos el incremento de los costes de producción y la caída del precio que percibe el agricultor por su producto”.

La Comisión “debe velar y proteger la agricultura europea frente a la entrada de productos de terceros países, y para eso tendrá que establecer los mecanismos necesarios que garanticen una menor dependencia de productos del exterior y que eviten que nuestros productos sean utilizados como moneda de cambio para otros intereses fuera de la agricultura frente a países extracomunitarios”.

Además, la PAC “debe actuar como apoyo a la Europa Rural, contribuyendo a la fijación de la población y desempeñando un papel imprescindible en el mantenimiento de los ecosistemas”.

Los agricultores consideran que los sistemas de condicionalidad y ecologización deben flexibilizarse para adaptarse a la situación real de las explotaciones agrarias, y hacer compatible la rentabilidad de los agricultores con la defensa medioambiental, sin que las rigurosas exigencias impidan acceder a los productores a esas ayudas imprescindibles para el desarrollo de su actividad.

En este sentido añaden que la intención de reducir el uso de fertilizantes al 20% y de fitosanitarios al 50%, de cara al año 2030, lo único que provocará será la pérdida de rentabilidad y competitividad de las explotaciones y, por tanto, el empobrecimiento del agricultor, de ahí que sea necesario mantener las proporciones actuales de fertilizantes y fitosanitarios que la tierra necesita de para garantizar la cosecha sin que por ello tenga que verse agredido el medio natural.

La CLYG reclama la equiparación de la actual región 802 a las regiones de su entorno en Andalucía, “para así acabar de una vez por todas con el agravio comparativo” que vienen sufriendo desde hace más de 20 años, concretamente desde 1999, año de referencia para el establecimiento del importe a abonar por los derechos, y que se concreta en que mientras un agricultor extremeño cobra hoy una media de 166 €/Ha uno andaluz puede llegar a los 497 €/Ha.

El apoyo decidido al mantenimiento del olivar y a la viña tradicional de secano con ayudas directas a los agricultores es otra de las propuestas que defiende la Comunidad de Labradores de Almendralejo, ya que es evidente la contribución medioambiental de estos olivares y viñedos y su escasa rentabilidad frente a los olivos intensivos o superintensivos o las viñas reestructuradas, que cada día proliferen más.

Frente al apoyo al olivar tradicional, y ante la creciente demanda de aceite de oliva en una economía global como en la que actuamos, otra de las medidas que, sin duda, “contribuirían al fortalecimiento del campo sería una línea de ayudas a la reconversión del olivar tradicional en intensivo o superintensivo”.

Respecto a las medidas de apoyo al sector vitivinícola, contempladas en el segundo pilar, “es urgente la implementación de medidas que corrijan los desequilibrios de los mercados, y evitar las demoras que se produjeron hace dos años a causa de la excesiva burocracia. Reforzar el ‘eslabón’ del productor en la cadena alimentaria es imprescindible, al tiempo que las autoridades competentes velen por el cumplimiento de la ley, porque sólo así conseguiremos cobrar un precio justo por el producto y hacer las explotaciones rentables”.

La Comunidad de Labradores añade que “el relevo generacional requiere del ‘desembarco’ de decenas de agricultores en Tierra de Barros para que las explotaciones no terminen por abandonarse, por eso es fundamental que las ayudas a los jóvenes agricultores sean directas, de fácil aplicación y lo suficientemente atractivas para que el presupuesto destinado a este fin pueda ejecutarse.

Simplificar los trámites burocráticos para el acceso a las ayudas es fundamental, puesto que las novedades que se introducen en la nueva PAC eliminan conceptos actuales e introducen otros nuevos, lo que para el agricultor supondrá también un hándicap hasta que se familiarice con ellos”.

La Comunidad de labradores concluye con un llamamiento a los legisladores, tanto autonómicos, estatales como europeos, “para que salgan de los despachos y se acerquen a conocer la realidad agronómica de cada zona, porque así podrán redactar directivas y leyes coherentes, realistas y ajustadas a las verdaderas necesidades del agricultor y del mercado. ‘Más pisar terrón supone una mejor legislación’”.