Denuncian vertidos de ripios en el entorno del Guadiana a su paso por Badajoz

La Asociación Ciudadana Salvemos el Guadiana efectuó o promovió la interposición de una veintena de denuncias durante 2020 por el vertido de ripios y otros materiales en el entorno del río Guadiana a su paso por Badajoz, una situación de la que se ha alertado por su proliferación.

El presidente del colectivo, Juan Fernando Delgado, ha afirmado a Efe que el confinamiento de primavera agravó estas prácticas ilegales, unos hechos que han continuado "casi a diario" hasta el final de año, en algunos casos con cantidades "muy preocupantes".

El hecho más significativo se produjo el pasado 29 de diciembre, cuando se detectó el vertido de unos 2.000 kilos de uralita repartidos por la zona de las Baldocas, situación que fue trasladada a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), quien ha efectuado la consiguiente denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).

“Es el vertido más espectacular, a tenor de la cantidad del material encontrado”, ha manifestado Delgado.

Pocas semanas antes, la Policía Local denunciaba a su vez a un vecino por arrojar más de 1.000 kilos de uralita, mientras que a mediados de agosto Salvemos el Guadiana alertaba de vertidos similares en Las Baldoquillas, uno de los parajes de más belleza del río a su paso por Badajoz.

MÁS VIGILANCIA

Previos a estos episodios, el colectivo alertó el pasado mayo de la situación con la que se encontraron los pacenses cuando, tras el final del confinamiento, recuperaron su contacto con el río.

El estado de alarma había hecho aumentar los vertidos de material de construcción y de basuras en los entornos del Guadiana, aprovechándose la menor presencia policial en estas zonas.

Con mayor o menor intensidad, los vertidos han continuado desde entonces casi a diario, según han lamentado desde el colectivo.

Delgado ha alertado de las repercusiones que tienen este tipo de vertidos en el río, en el medio ambiente y en la salud de los pacenses, además del coste que supone su retirada (estos trabajos han de realizarse por parte de equipos especializados).

La asociación espera que 2021 sea el año en el que "se pueda acabar con estas prácticas", para lo que se ha pedido a las administraciones que "pongan en marcha todos los recursos y labores de vigilancia posibles".