Extremadura acogerá a 25 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, ha concretado acuerdos ya acuerdos para la derivación de menores con varias comunidades autónomas, como Extremadura, que pondrá a disposición 25 plazas.

Asimismo, ha llegado a acuerdos con Navarra (10 plazas), Valencia (18 plazas), Cataluña (43 plazas), Castilla y León (25 plazas), Cantabria (20 plazas), Asturias (16 plazas) y Galicia (20 plazas). En total, 177 plazas, faltando todavía por concretar con Aragón, Castilla-La Mancha y País Vasco.

Y es que el Gobierno de Canarias ha procedido este miércoles al traslado a la Península de los primeros diez menores migrantes no acompañados tutelados por las islas, en concreto a Castilla y León --cinco en León y otros cinco en Palencia--.

Según informa la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Canarias, esto ha sido posible gracias al protocolo entre ambas autonomías por el que Castilla y León asume la tutela legal de los menores migrantes no acompañados, así como la guarda y custodia y su atención integral.

Por su parte, el archipiélago acoge en estos momentos a 2.634 menores que han llegado a las costas canarias a través de cayucos y pateras, para cuya atención se han abierto un total de 29 recursos alojativos.

De hecho, ante la continua llegada de menores que el Gobierno canario ha ido abordando en solitario, desde el Ejecutivo autónomo se ha solicitado con urgencia, tanto al Estado como a la Unión Europea, la necesidad de contar con los recursos necesarios que permitan sufragar los costes económicos para poder abordar esta crisis social, más teniendo en cuenta que el Archipiélago canario constituye la frontera sur de Europa.

La consejera del área, Noemí Santana, ha mantenido diversas reuniones con el Estado y las comunidades para concretar la firma de los convenios de colaboración sobre la atención a los menores extranjeros no acompañados, que permita la derivación solidaria menores entre las comunidades autónomas; y un fondo específico del Estado para ayudar en la gestión de estos niños, tal como se articuló en el año 2008.