Incautan 75 móviles en cárcel de Badajoz los últimos cinco años, objetos "prohibidos" en prisión

Funcionarios penintenciarios se han incautado de un total de 75 teléfonos móviles en la prisión de Badajoz en los últimos cinco años, aunque el año 2019 fue el de mayor número de aprehensiones, con 27.

Unos datos que revela el sindicato ACAIP-UGT para valorar el trabajo que realizan los empleados públicos penitenciarios "para evitar el comercio ilícito de estos elementos prohibidos en las prisiones", ya que en muchos casos, son "utilizados para continuar con la actividad delictiva y sustraerse al control de las comunicaciones".

Según explica el sindicato en nota de prensa, los móviles son "muy cotizados" por aquellos internos que tienen restringidas las comunicaciones como los presos por violencia de género, delitos de terrorismo o pertenecientes a bandas organizadas y las relacionadas con el narcotráfico.

Así, resalta Acaip UGT que el uso de estos teléfonos "puede generar deudas entre los internos e incidentes" por su control, por ello, los trabajadores penitenciarios "dedican grandes esfuerzos en el decomiso de estos objetos, la mayoría de los cuales se camuflan fácilmente por su reducido tamaño y escapan a los detectores de metales al ser sus componentes de plástico", señala.

De hecho, señalan que se localizan en los "lugares más insospechados", como suelas de zapatos, botes de refresco o en productos higiénicos, por lo que "es preciso una requisa exhaustiva de los módulos, lo que requiere del personal necesario y de una formación especializada", señala.

Ante esta situación, ACAIP_UGT insiste en la necesidad de ocupar todas las vacantes de estos trabajadores penintenciarios, tras lo que ha lamentado que "las nuevas promociones apenas cubren las bajas vegetativas", y reclama además "adaptar el organigrama de los centros penitenciarios a las nuevas formas de delincuencia, y redimensionar la relación de puestos de trabajo para ajustarlas a las nuevas funciones".

Por todo ello, "es preciso retomar la negociación de la Ley de Función Pública penitenciaria para afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la institución", concluye el sindicato.