Un 23% de los centros de salud extremeños tienen demora de tres o más días

Un 23 por ciento de los centros de salud existentes en Extremadura presentaban una demora de tres o más días a fecha del pasado vienes, 24 de febrero, ha informado este lunes el director general de Asistencia Sanitaria, Vicente Alonso Núñez.

Este alto cargo de la Junta de Extremadura ha comparecido ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Parlamento regional para responder a una pregunta de la diputada del PP Elena Nevado sobre los retratos en la Atención Primaria con un tiempo de demora, según ella, que va de los siete a los nueve días de espera para una cita presencial.

Alonso Núñez ha precisado que en 70 de los 112 centros de salud existentes en la región no existía demora el pasado viernes, mientras que 14 presentaban retrasos de tres días y 24 tenían demora de cuatro días o más.

Tras insistir en el impacto que ha sufrido la sanidad por la pandemia, el director general ha expuesto el Plan de Control de Demoras en Atención Primaria que se ha puesto en marcha con el objetivo de que la demora máxima sea de 48 horas para todos los problemas de salud.

En ese sentido, ha expuesto las medidas introducidas en la confección de las agendas, con la entrada en vigor dentro de dos meses de la agenda tipo de 36 pacientes acordada para la desconvocatoria de la huelga convocada por el Sindicato Médico (SIMEX).

También ha explicado, como se acordó con el SIMEX y los sindicatos en mesa sectorial, la habilitación de consultas de tarde que se ofrecerán a los médicos con exención de guardias y a los médicos de Atención Primaria con función de atención continuada, así como a los médicos de familia de su zona o de otras que quieran colaborar.

Además, a los médicos residentes de esta especialidad en cuarto año se les ofrecerá con carácter voluntario y con acuerdo de las unidades docentes que pasen consulta en jornada de mañana.

En ese sentido, Vicente Alonso ha recordado los MIR de Medicina de Familia en su último año tienen ya contemplado en su propia formación trabajar dos meses de manera independiente, con lo que están perfectamente capacitados para pasar consulta, según ha dicho.

Ha rechazado que puedan ser "mano de obra barata", como había alertado Elena Nevado, porque su sueldo se equipará al de un médico de familia y se les ofrecerá un contrato de un año en la localidad donde hagan su residencia.

El director general ha precisado, asimismo, que en una reunión mantenida recientemente con este colectivo, solo el responsable de una unidad docente, de todas las que existen en la región, se opuso a ella.

Igualmente, ha indicado que se trabaja en un proceso de optimización de los recursos administrativos y ha señalado que se van a contratar a 15 nuevos auxiliares administrativos que servirán, en primera instancia, para intentar resolver los problemas de contacto telefónico con los centros de salud, en un sistema centralizado por áreas de salud para atender al "rebosamiento de las llamadas" cuando sea difícil el acceso.

Ha recordado, asimismo, la creación de 16 Unidades Básicas Asistenciales, con médico y enfermería, en aquellos centros en los que se sobrepasan las 1.500 tarjetas por profesional.

Ante Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura ha comparecido también hoy, para responder a una pregunta de Unidas por Extremadura, la directora general de Salud Pública, María Pilar Guijarro, quien ha insistido en que la Junta ha decidido vacunar de forma gratuita contra la meningitis B a los niños nacidos a partir de noviembre de 2022 para que empiecen su vacunación a partir del 1 de enero de 2023 a los 2, 4 y 12 meses, como acordó la comisión interterritorial.

Guijarro ha indicado que el coste de estas vacunas es de 1,4 millones de euros y ha defendido que en todo proceso de vacunación hay un corte establecido por la ley para justificar que no se puedan beneficiar de esta gratuidad los niños que ya han recibido una primera o segunda dosis y les toca recibir las siguientes.

El diputado de Unidas, Joaquín Macías, ha puesto de relieve el agravio comparativo que esto supone para las familias, en especial para aquellas con menos recursos económicos, y ha señalado que el ahorro que tendrá la Junta con la exclusión de estos niños de la gratuidad será mínimo. EFE.