Cae una banda internacional dedicada a la extorsión, prostitución y blanqueo

La Guardia Civil de Cáceres ha desarticulado una organización criminal que operaba a nivel internacional dedicada a la extorsión y la explotación sexual de mujeres tras la detención de siete de sus integrantes, además de otra persona investigada, y los cinco registros domiciliarios efectuados en varias provincias españolas.

Se les atribuyen los presuntos delitos de amenazas, extorsión, contra la libertad e indemnidad sexual (prostitución), blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según ha informado este jueves la Guardia Civil en un comunicado.

Los registros se han efectuado en las localidades de Madrid, Algeciras, Alicante y Valencia, en los que se han intervenido dispositivos de almacenamiento digital, teléfonos móviles y equipos informáticos.

La investigación se inició hace más de un año, tras la interposición de varias denuncias ante la Guardia Civil de Cáceres, por la supuesta extorsión que sus denunciantes venían sufriendo por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto y mensajes de audio, efectuadas a través de una aplicación de mensajería.

El nexo en común entre ellas de que se habían producido tras visitar un portal web de contactos para contratar servicios sexuales.

En estas amenazas se incluían imágenes de armas de fuego, lo que llevó a sus receptores a temer por su seguridad e integridad, e incluso por la de sus familias.

Durante el curso de la investigación, los agentes han podido acreditar la existencia de una organización criminal perfectamente estructurada, que contaba con diferentes niveles jerarquizados.

En el primer escalón estaban las "operadoras", formado por mujeres que vigilaban a las prostitutas y ejercían un control coactivo sobre ellas, que iba desde fijar los servicios sexuales que debían realizar hasta el tiempo de duración y precio-tarifa de los mismos.

Además, gestionaban directamente los anuncios del portal de contactos, aprovechándose de la posición de superioridad que les brindaba la precaria situación personal y económica de las mujeres o incluso su estancia irregular en el país, quienes eran reubicadas periódicamente por los diferentes pisos de los que disponía la organización.

Otro nivel se encontraba formado por hombres, quienes, tras el concierto de la cita entre operadora/cliente o después de que, tras alguna discrepancia entre cliente/mujer, no se llevara a efecto el servicio sexual, actuaban mediante la extorsión, al exigir una compensación económica por el tiempo empleado.

Un tercer nivel estaba dedicado al blanqueo de capitales de los beneficios obtenidos, con las denominadas "mulas", que eran personas contratadas para operar como titulares de las diferentes cuentas bancarias en las que las víctimas ingresaban las cuantías económicas y, una vez se recibía el pago, extraían el dinero que era enviado a otras cuentas.

Finalmente, y en un escalón superior, se encontraba al que se referían como "jefe".

Para hacer más creíbles las amenazas, los extorsionadores elaboraban un perfil sobre las víctimas a través de la información que les facilitaban las prostitutas y las operadoras, haciéndoles creer que tenían sus datos personales, direcciones de trabajo, así como los contactos sexuales mantenidos.

Llegaban a negociar los pagos que tenían que realizar las víctimas, habiendo llegado a obtener hasta 12.000 euros de una sola persona.

Durante el desarrollo de la operación, los investigadores han analizado numerosos anuncios en el portal de contactos, cuentas de correo electrónico, movimientos de cuentas bancarias de diferentes entidades.

Han concluido que durante el periodo investigado el grupo criminal habría obtenido unos beneficios económicos superiores a los 800.000 euros, que habrían blanqueado en distintas operaciones de movimientos de fondos, para lo cual realizaban transferencias internacionales a distintos países.

A la investigación, en la que han podido ser identificadas cerca de cien víctimas, se añadió la dificultad de que muchas de ellas no deseaban interponer denuncia, realizando los pagos por temor a que su familia y entorno cercano fueran conocedores de que contrataban este tipo de servicios.

Bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Cáceres, se practicaron los cinco registros, se hicieron las detenciones y se procedió al embargo y bloqueo preventivo de las cuentas y productos financieros relacionados con la organización criminal.

Ya se ha decretado prisión provisional para tres de los detenidos.