TRIBUNALES
Caso David Sánchez: las acusaciones populares ven "inevitable" el juicio oral
Tras la última ronda de declaraciones testificales, consideran que la juez seguirá dando pasos
Publicado el
3 min lectura
Las acusaciones populares en la causa abierta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, consideran que las diligencias hasta ahora practicadas conducirán a la apertura de un juicio oral al entender que existen evidencias de los posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Los representantes legales de las acusaciones particulares, entre las que figuran Hazte Oír, Vox, Manos Limpias y Liberum, han acudido este viernes al Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz -que dirige la instrucción- para asistir a la declaración como testigos de varias personas citadas.
Entre estas figuran uno de los aspirantes al puesto que finalmente ocupó David Sánchez en la Diputación de Badajoz, el exsecretario general de Podemos Extremadura Álvaro Jaén -cuya declaración por videoconferencia finalmente se ha pospuesto por problemas técnicos-, un representante del sindicato CSIF y tres funcionarios de la Diputación pacense.
A preguntas de los medios de comunicación, el abogado de Manos Limpias, José María Bueno, quien ostenta la representación unificada de las acusaciones populares, ha expuesto que las diligencias se centran en el proceso de selección que terminó con la elección de David Sánchez como coordinador de los conservatorios de música, un puesto que finalmente fue catalogado de alta dirección y definido como 'jefe de la Oficina de Artes Escénicas'.
"Fue absolutamente irregular porque era un puesto dado ad hoc, como creemos que se está acreditando", ha dicho.
Así, ha indicado que "hoy se ha llegado a decir que la entrevista era un trámite residual y sin embargo en otra jornada se expresó que fue donde se decidió contratar" a David Sánchez, por lo que, en su opinión, "hay algo que no cuadra".
En relación a la renuncia de David Sánchez a su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz, Bueno ha manifestado que se trata de "una decisión personal" que no afecta al procedimiento. "Él sabrá los motivos por los que lo ha hecho”, ha añadido.
En este sentido, el abogado de Hazte Oír, Javier Pérez Roldán, entiende que "la renuncia de David Sánchez acredita que hay ciertas irregularidades".
Para Roldán, es significativo que el hermano de Pedro Sánchez "abandone un puesto de trabajo" cuyo proceso de creación y selección ha llevado a ocho personas más a estar investigadas y que "se están jugando una condena".
Asimismo, ha incidido en el hecho de que los informes de trabajo que David Sánchez debía elaborar anualmente para dar cuenta a la Diputación "no están firmados digitalmente”, una cuestión que ha llevado a la jueza titular de la investigación a pedir explicaciones a la institución provincial.
"Hay que investigar si fueron creados ex profeso para justificar una actividad que no ha existido, en cuyo caso podría haber un delito de falsedad documental", ha apuntado Roldán.
Por su parte, el antiguo sindicalista de CSIF Francisco Serrano, ya jubilado, ha afirmado a los medios tras declarar que fue representante del sindicato en la Mesa General de Negociación de la institución provincial donde se informó sobre la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) en torno al plaza, a cuya creación se negó el sindicato.
Como ha explicado, "se entendía que había trabajadores en la casa suficientemente preparados para llevar a cabo esas funciones", por lo que se consideraba "debía ser reofertada a los empleados" de la institución "como una forma de promoción de desarrollo de la carrera profesional".
Por su parte, la coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, ha aseverado que la ronda testifical "ha sido clarificadora" en aras de que "la acción de la justicia y la investigación judicial deben continuar".
En opinión de Marta Castro, la renuncia de David Sánchez "debe ser valorada en conjunto con las demás prácticas de las pruebas que se realicen al final de la instrucción".
Asimismo, ha dicho que, a su juicio, "la actuación de la Diputación cobra mucha relevancia de cara a analizar las responsabilidades penales, más allá de las políticas" por todo este proceso.