CSIF se lanza a las calles contra la inacción del Gobierno de Sánchez

Los empleados públicos en Extremadura, representados por el sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), han anunciado una serie de movilizaciones que comenzarán el 11 de noviembre en Badajoz y continuarán el 16 de diciembre en Cáceres. Las protestas responden a lo que el sindicato considera una "parálisis" en la actuación del Gobierno central, que, según CSIF, ha descuidado los servicios públicos y obstaculizado los derechos laborales de los funcionarios.

Benito Román, presidente autonómico de CSIF, destacó la falta de diálogo del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez y expresó que desde la constitución del actual Gobierno en noviembre de 2023, la Mesa General de las Administraciones Públicas aún no se ha convocado, situación que el sindicato interpreta como un estancamiento en la negociación colectiva. “Nos preocupa que el Gobierno esté más enfocado en otros temas, dejando de lado el desarrollo y la mejora de los servicios públicos, que se encuentran cada día más deteriorados”, afirmó Román.

Entre las demandas de CSIF se encuentra un nuevo acuerdo retributivo que asegure que los empleados públicos no sigan perdiendo poder adquisitivo, así como una política de "igual salario por el mismo trabajo" en todos los organismos públicos. El sindicato exige también ofertas de empleo público sin restricciones de tasa de reposición, mejoras en el sistema de jubilación y una mejor asistencia sanitaria a través de MUFACE, entre otras prioridades.

Román advirtió que, si el Gobierno no reacciona ante estas protestas, CSIF no descarta implementar "medidas mucho más contundentes" después de las movilizaciones. La intención de las protestas es presionar al Ejecutivo para que retome el diálogo con los sindicatos y reactive la negociación colectiva en la función pública.

Con el respaldo de sus afiliados, CSIF se posiciona como el sindicato más representativo en la administración pública y busca con estas acciones visibilizar su malestar y frenar el deterioro que, consideran, afecta a los servicios públicos en el país.