Extremadura, la segunda CCAA con menos cargadores de vehículos eléctricos del país

Castilla-La Mancha, con un punto de recarga público para vehículos eléctricos cada 112, 2 km2; Extremadura, con uno cada 111 km2, y Aragón, con uno cada 98,4 km2, son las comunidades autónomas con los peores índices de distribución de estos sistemas.

La mitad del país, coincidente con las provincias menos pobladas -la denominada 'España vaciada'-, cuenta solo con el 15 % de los puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos, mientras que Madrid y Barcelona -que suponen el 3 % de la superficie nacional- aglutinan el 28 % de los cargadores desplegados.

Según un informe elaborado por la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (Transport & Environment, en inglés) y la organización sin ánimo de lucro Ecodes, la mayoría de puntos se ubican en las provincias donde se sitúan las grandes urbes del país.

Así, en Madrid, Barcelona y Bizkaia existe un cargador cada 5 kilómetros cuadrados (km2) o menos, mientras que en Soria, Teruel y Cuenca la densidad de la infraestructura se eleva a los 200-250 km2 por punto.

Por comunidad autónoma, Madrid, con un punto cada 3,3 km2; Ceuta y Melilla, con uno cada 4,6 km2; Baleares, con uno cada 4,9 km2, Cataluña, con uno cada 7,1 km2, y País Vasco, con uno cada 8,2 km2, son aquellas con una red de carga más densa en España.

Por el contrario, Castilla-La Mancha, con un cargador cada 112, 2 km2; Extremadura, con uno cada 111 km2, y Aragón, con uno cada 98,4 km2, son las comunidades autónomas con los peores índices de distribución de puntos para vehículos eléctricos.

Si se tiene en cuenta el número de automóviles que utilizan cada instalación, un punto de Ceuta y Melilla atiende a 14.668 coches y uno en Galicia a 3.626, lo que las convierte en los territorios con las redes más saturadas.

El informe señala que España cuenta con 18.729 cargadores, cifra que contrasta con la proporcionada por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, que calcula que hay 27.420 en total.

Las organizaciones encargadas de la redacción del documento entienden que se potencie el desarrollo de la infraestructura de carga en las provincias con mayor población y por ende aquellas con un parque automovilístico electrificado más amplio, pero no se pueden olvidar las zonas con menos habitantes, por lo que el Gobierno "debería incluir una estrategia específica de despliegue de puntos" en estas áreas.

Añaden que se debe ir más allá del objetivo nacional establecido por la Regulación de la infraestructura de combustibles alternativos (AFIR) y mejorar la red en las zonas de alta afluencia turística, eliminar los cuellos de botella administrativos, tener cuenta las necesidades de la población según el tipo de vivienda o ampliar el número de carreteras en las que instalar cargadores.

La normativa europea AFIR exige que se coloquen instalaciones de recarga rápida de al menos 150 kW (kilovatios) cada 60 kilómetros en los principales corredores de transporte de la Unión Europea a partir de 2025. EFE