¿Hay prevaricación en el caso David Sánchez?: "No hay indicio mayor de la arbitrariedad de la creación de un puesto..."

La jueza del caso David Sánchez señala en el auto que se ha conocido este miércoles, y en el que rechaza el sobreseimiento de la causa, que las personas vinculadas a Diputación en la investigación que se lleva a cabo “pueden ser considerados partícipes” en los delitos contra la Administración Pública que se investigan, al darle “apariencia de legalidad al procedimiento administrativo que tenía como finalidad” el nombramiento de David Sánchez como personal de alta dirección y la “acomodación posterior” de su puesto de trabajo a “sus preferencias personales”.

Se refiere la jueza al proyecto ‘Ópera’, de forma que a Sánchez no le fuera necesaria la asistencia diaria a su despacho profesional. Es aquí cuando la jueza distingue la “discrecionalidad”, que puede amparar determinadas actuaciones de la Administración, de la “arbitrariedad”, constitutiva de un delito de prevaricación.

También señala que el cambio de nomenclatura (de coordinador de actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas) “parece ser que pretendía dar apariencia de legalidad a una realidad clamorosa”, y es que el coordinador de conservatorios ya no realizaba ninguna de sus funciones contenidas en el contrato de alta dirección.

Sobre el investigado Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación, quien también había pedido el archivo de la causa, la jueza señala que, mediante un decreto de Gallardo, de fecha 30 de junio de 2017, se dispuso la contratación laboral de carácter especial de Sánchez con categoría de coordinador de actividades de los conservatorios. Beatriz Biedma afirma que, “aunque dicha resolución fue trasladada al Pleno, según la doctrina y jurisprudencia aplicable al delito de prevaricación, y puesto que se exige en el mismo el dolo directo, los órganos colegiados (en este caso Pleno de la Diputación) ejercen sus funciones resolutorias cuando los asuntos ya han sido objeto de los filtros habituales de carácter técnico y/o jurídico, y confiando en los mismos, por lo que la actuación del presidente de la Diputación, al disponer la contratación del Señor Sánchez, si concurren el resto de elementos objetivos y subjetivos del delito, sería constitutiva de prevaricación”.

En el delito de prevaricación alcanza alta relevancia la prueba indiciaria, añade la jueza, para quien “no hay indicio mayor de la arbitrariedad de la creación de un puesto que la falta de necesidad del mismo, la celeridad en su provisión -mediante petición de urgencia y sin exclusión de candidatos que no cumplan ab initio los requisitos exigidos para acceder al puesto-, que dicha provisión tenga lugar cuando el candidato al que pretende otorgarse está, precisamente, buscando trabajo, y el dotar al procedimiento de una apariencia de legalidad a través del cumplimiento de trámites formales, pero que en realidad ocultan la intención de satisfacer un interés distinto al general que debe perseguir cualquier actuación de la Administración Pública”.