La Junta de Extremadura insiste en evitar la demolición de Valdecañas: "No queremos dañar a la región"

La Junta de Extremadura ha reiterado su postura de mantener el recurso contra la demolición del complejo urbanístico Marina Isla Valdecañas, ubicado en un área protegida de la Red Natura 2000. La portavoz del Ejecutivo, Victoria Bazaga, ha asegurado en rueda de prensa que el Gobierno regional sigue trabajando para encontrar una solución favorable que evite lo que considera un grave perjuicio económico y ambiental para la comunidad.

“El objetivo es que no se haga daño a Extremadura ni a las arcas de Extremadura”, declaró Bazaga, subrayando su esperanza de que la reciente consulta del Tribunal Constitucional pueda inclinar la balanza hacia la regularización del complejo gracias a la entrada en vigor de una nueva normativa. La llamada “ley ZEPA” busca reconfigurar las protecciones del área para permitir la permanencia de las edificaciones existentes.

Por su parte, Luis Díaz Ambrona, abogado de los propietarios, ha explicado que la nueva ley de delimitación de zonas ZEPA excluye la isla de Valdecañas al estar por encima de la cota 315, correspondiente a la máxima lámina de agua del pantano. Según Ambrona, “si el motivo de la posible ilegalidad de la urbanización era por estar incluida en una ZEPA, y ya no lo está, los recursos habrían perdido su objeto. Con esta ley vigente y no impugnada, la legalidad del proyecto sería intachable”.

Sin embargo, estas maniobras legales han despertado críticas feroces por parte de Ecologistas en Acción. Julio César, portavoz de la organización, calificó el intento de regularización como una “frustrante burla” tras más de una década de resoluciones judiciales que declararon ilegal la construcción. “No se puede cambiar la legislación para ganar un pleito. Es una señal nefasta para la protección ambiental en España”, afirmó, haciendo referencia a precedentes como el caso Algarrobico.

Además, César recordó que informes de expertos, como el encargado por la Estación Biológica de Doñana, recomendaron un “desmantelamiento selectivo” que permitiría la restauración progresiva del entorno sin los perjuicios asociados a una demolición abrupta.

El Tribunal Constitucional tendrá que decidir ahora si la nueva normativa regional es suficiente para garantizar la legalidad del complejo o si, como han insistido los colectivos ecologistas, prima la protección del entorno natural.