Los ecologistas denuncian "presiones" para que no se derribe Valdecañas tal y como ha pedido ya la Justicia

Ecologistas en Acción y Adenex han asegurado este lunes que siguen unidas en el procedimiento judicial sobre el complejo Marina-Isla de Valdecañas y han denunciado la existencia de "fuertes presiones" para que no se derribe la urbanización, como han fallado los tribunales.

Ambas organizaciones han defendido la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que considera ilegal la urbanización y que obliga a devolver los terrenos a su estado original, ya que el informe pericial del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha sido "contundente" y no ve otra alternativa.

Así lo han expresado el coordinador de Ecologistas en Acción de Extremadura, Ángel García Calle; y la abogada de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza de Extremadura (Adenex), María Ángeles López, que han expuesto su posición ante la ejecución de la sentencia y la situación del procedimiento judicial. 

De entrada, García Calle ha aclarado que no hay "desunión" en estas dos organizaciones, como se ha pretendido hacer ver, y que han "ido de la mano" en este asunto desde el principio y acabarán "juntas". En este contexto, ha asegurado que han detectado "fuertes presiones" a sus organizaciones, ya que hay propietarios "influyentes" y también por parte de algún medio de comunicación, y que "se están dando en todos los intervinientes del proceso judicial". García Calle ha precisado que no tienen interés "en hacer daño a nadie" y que su único objetivo ha sido desde el principio que se cumpla la ley.

Ha indicado que los promotores y la Junta de Extremadura no han conseguido demostrar sus argumentos del crecimiento económico y el empleo que ha generado el complejo en la zona, ni el daño ambiental que produciría la demolición ni que el coste del derribo podría alcanzar los 400 millones de euros.

La abogada de Adenex, por su parte, ha desgranado el recorrido del proyecto desde que se otorgó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva al proyecto en 2007 y el complejo procedimiento judicial, que tiene más frentes abiertos, además de la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJEx) sobre el derribo. Este "incidente de ejecución" tiene dos partes, según ha explicado, una física, relativa a la demolición, y otra sobre la legalidad.

A su juicio, la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el tribunal respecto a la ley 9/2011, que permite la realización de estos proyectos en la Red Natura 2000, puede seguir su curso. Pero el TSJEx sí se puede ventilar ahora la cuestión del "procedimiento administrativo" de la ley que homologó la urbanización o sobre la nulidad del plan de El Gordo, entre otras cuestiones "satélites", según las ha denominado López.

En este procedimiento de ejecución, Ecologistas en Acción y Adenex han pedido, por lo tanto, que el tribunal se pronuncie sobre esas cuestiones legales, con independencia de lo que diga el Constitucional, además del derribo. La otra parte, según la representante de Adenex, lo que ha planteado es "prácticamente cumplir con la Declaración de Impacto Ambiental", lo que no había hecho al inicio y con alguna medida "decorativa" adicional, ha apuntado la abogada, como la instalación de placas solares.

El aspecto económico de la demolición no será tenido en cuenta por el tribunal a la hora de decidir, aunque López ha asegurado que el coste está lejos de lo que decía la otra parte, ya que en un caso similar en la Costa Brava se ha elevado a nueve millones de euros.

Ambas organizaciones abogan por un desmantelamiento selectivo en superficie, que dé lugar a una industria con los desechos de la demolición y la venta de algunos materiales que se pueden reutilizar, ha apuntado. Sobre si se ve una solución a corto plazo, ha indicado que si se acordara la demolición, hay que hacer un proyecto y luego someterlo a Declaración de Impacto Ambiental, además de resolver la nulidad de todos los contratos y compraventas y licencias existentes.