Miguel Ángel Gallardo señala a la Junta de Extremadura por "fabricar" una campaña en su contra

La disputa por el llamado caso Brother ha alcanzado nuevos niveles de tensión política. Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, acusó a la Junta de Extremadura de financiar una campaña mediática para desprestigiarle. Según Gallardo, se habrían destinado 100.000 euros de fondos públicos a "pseudomedios" para difundir noticias falsas en torno a su gestión.

En sus declaraciones, Gallardo calificó el caso como "fabricado" y aseguró que no hay pruebas que respalden las acusaciones sobre irregularidades en la contratación de David Azagra, hermano del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “La Diputación de Badajoz ha hecho el mayor ejercicio de transparencia que puede realizar una administración: 66.000 correos revisados y ni un solo correo del que podamos avergonzarnos”, afirmó con rotundidad.

Gallardo, visiblemente afectado, señaló que el caso ha causado un “daño reputacional terrible” tanto a la institución como a su figura personal. No obstante, expresó sentirse "tan tranquilo como el primer día" y arremetió contra quienes impulsaron las denuncias: “Pueden tener cualquier cosa limpia, pero las manos no”.

Por su parte, Abel Bautista, consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, reaccionó a las acusaciones a través de la red social X calificándolas de "intolerables". “Miguel Ángel Gallardo ha pasado del insulto y la victimización a atacar mediante la mentira. Exigimos que se disculpe inmediatamente y respete las instituciones”, escribió Bautista. En su mensaje, también sugirió que Gallardo estaría atravesando una “fase de ira” en un supuesto “duelo político” relacionado con las primarias del PSOE.

La escalada del enfrentamiento ha generado una creciente expectación pública y avivado las tensiones políticas en la región. El caso Brother, inicialmente centrado en una polémica contratación, se ha convertido en un campo de batalla donde las acusaciones de corrupción, manipulación mediática y conflictos de intereses sacuden el panorama político extremeño.