Una familia de Ferrolterra reclama a la Xunta una indemnización por el acoso sufrido por su hijo

Una familia de la comarca de Ferrolterra ha decidido interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), frente a la desestimación de una reclamación de responsabilidad patrimonial formulada frente a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, por un presunto caso de acoso sufrido por su hijo en un centro escolar de la comarca de Santiago.

La reclamación solicitaba una indemnización de 40.000 euros por los daños morales y psicológicos sufridos por el menor, durante el tiempo en que fue objeto de acoso escolar por parte de algunos compañeros en su centro educativo, y como defensa de la familia está personado el abogado ferrolano Cristóbal Dobarro.

El centro tramitó un protocolo de acoso, pero que concluyó que “la persona responsable de las indagaciones previas no detecta indicios de acoso escolar”, y que, por lo tanto, “no propone el inicio de un procedimiento corrector a la dirección del centro”, a la par que reconocía que la víctima había sufrido burlas y agresiones físicas por parte de sus compañeros.

El menor tampoco fue evaluado por psicólogo alguno, ni asistido por la persona designada por el centro como responsable de apoyo y atención a la víctima, pues no consta en el expediente administrativo, ni en una sola ocasión que tal persona cumpliera, ni de modo mínimo con sus funciones.

Por su parte, la psicóloga forense Beatriz Dorrio Lourido, concluye en un informe realizado sobre el caso que “las circunstancias que describe el menor sugieren de la existencia de indicadores que muestran indicios de maltrato por negligencia educativa que ha llevado a reiterar situaciones que por acción u omisión realizadas por los adultos responsables del menor”, y que ello “lo ha privado de su libertad y de sus derechos correspondientes que limitan su óptimo desarrollo”, y que por ello “esto se define como maltrato por negligencia o abandono cuando un padre, guardián o la persona a cargo del niño como pueden ser sus responsables escolares, cuando no se preocupa por atender las necesidades básicas para asegurar su bienestar”.

De esta manera estiman que, ante la ineficacia del protocolo de acoso adoptado por el centro, los padres del menor acudieron a la Inspección educativa, así como a la propia Consellería, sin encontrar respuesta que permitiese amparar a su hijo víctima de acoso.

Dada tal circunstancia, los padres decidieron poner el asunto en el abogado especialista en Derecho Administrativo, Cristóbal Dobarro que es quien lleva el asunto.

En estos momentos se ha presentado la demanda por la representación del padre del menor, estando la Administración en plazo para contestar a la misma.