El TSXG condena a Navantia por la enfermedad de un trabajador que manipulaba amianto

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha ratificado la condena contra Navantia y su predecesora, Izar Construcciones Navales, por su responsabilidad en la enfermedad contraída por un trabajador del astillero entre 1973 y 1986 fallecido en 2015 a consecuencia de una abestosis de larga duración, dolencia provocada por la exposición al amianto, material que este operario manipuló durante sus años en la antigua Bazán.

La resolución de la Sala de lo Social del Alto tribunal gallego desestima el recurso presentado por las demandadas --Izar Construcciones Navales en Liquidación y Navantia-- por la viuda del operario, a la que se reconoce el derecho a percibir un recargo del 40% de su prestación por viudedad.

El fallo del TSXG, contra el que cabe recurso de casación para la unificación de doctrina, ratifica la sentencia del juzgado de lo Social número dos de A Coruña que condenó a las responsables del astillero por la enfermedad contraída por este empleado que desempeñó su actividad entre 1980 y 1986 como andamiero y tubero.

Sus tareas en el astillero eran, fundamentalmente, el revestimiento de los tubos que estaban fabricados con amianto, con lo que, como ha determinado la justicia, estaba muy expuesto a este material que provocó la enfermedad que padeció hasta su muerte en 2015.

En su sentencia, el juzgado subraya que la compañía no facilitaba mascarillas a los trabajadores, quienes tampoco recibían "información específica" sobre su exposición al amianto o las mediciones sobre su presencia en el aire.

Además, tampoco era obligatorio la ducha o lavado una vez finalizada la jornada en los astilleros y los empleados tenían que llevar su ropa para sus domicilios.

En el año 1985 se le diagnostica una asbestosis, que evolucionó progresivamente, sucediéndose los ingresos hospitalarios de manera habitual y constante hasta que desembocó en su fallecimiento el 5 de mayo de 2015.

Ahora, según la resolución facilitada por la defensa de la viuda llevada a cabo por la firma Opamianto Abogados, la justicia reconoce el derecho de esta mujer a ver incrementada su pensión de 486 euros en un 40%.