Núñez Feijóo tras la sentencia del Supremo sobre la devolución del IVA: "Galicia estaba en lo cierto"

. Así comienza el escueto comunicado con el que, vía Twitter y Facebook, el

,

, se felicita por la decisión del

de reconocer la reclamación que la Xunta cifra en más de 200 millones de euros pendientes de la

por parte del Estado en la liquidación de las devoluciones a cuenta del ejercicio de 2017.

, asegura

en sus redes sociales, para quien

.

RECURSO ESTIMADO PARCIALMENTE

Con la sentencia que se ha conocido este lunes, la Sala III del Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por la Xunta contra el rechazo del Consejo de Ministros de compensarle por el desfase financiero producido en la liquidación del IVA correspondiente al ejercicio de 2017 y condena al Estado a que compense por ello a Galicia en la cuantía que se fijará en ejecución de sentencia.

Como ocurrió recientemente en otra sentencia sobre la misma materia referida a la Junta de Castilla y León, la estimación es parcial al no aceptarse la concreta cuantía compensatoria que propugnaba Galicia, 204.464.638,74 euros, "al no haber quedado debidamente acreditado que sea precisamente ese el importe que le debe ser abonado".

De ahí que establezca que la compensación habrá de fijarse en ejecución de sentencia y su cuantía vendrá dada por la diferencia entre el resultado de la liquidación practicada en su día por la Administración del Estado y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA de doce mensualidades, esto es, incluyendo también la correspondiente al mes de noviembre de 2017, a la que deberá añadirse los correspondientes intereses legales computados desde el momento de la presentación del requerimiento hasta el momento efectivo en que se produzca la compensación y se adopten las medidas necesarias para revertir el desajuste financiero ocasionado a la Comunidad Autónoma de Galicia.

El Alto Tribunal resuelve que el desequilibrio derivado de la aplicación de la metodología instaurada por el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, determinó la vulneración del derecho a la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma, "pues es notoria la disfunción que se deriva del hecho de que las entregas a cuenta se le abonasen en doce mensualidades y, en cambio, en la liquidación definitiva se atendiese únicamente a la recaudación de IVA correspondiente a once mensualidades, derivándose de ello un resultado anómalo".

Agrega que la aplicación de una norma reglamentaria, como el citado real Decreto, "trajo consigo una alteración en las reglas del sistema de financiación autonómico establecido legalmente, produciendo un desequilibrio que es necesario corregir, al haberse producido un quebranto financiero para la Comunidad Autónoma demandante y, correlativamente, un enriquecimiento indebido para la Administración del Estado".

El Supremo recuerda además que de ese "resultado anómalo" se mostró persuadida la Administración del Estado antes del inicio de este proceso, como pusieron de manifiesto iniciativas de arreglo extraprocesal y que resultaron fallidas.

"Por ello, el principio de lealtad institucional en la actuación de las administraciones públicas (artículo 3.1. e/ de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) puesto en relación con el artículo 103.1 de la Constitución habría exigido que por parte de dicha Administración se diese a la reclamación de compensación una respuesta muy distinta a la desestimación presunta que constituye el objeto de este proceso", explica en la sentencia.

LA XUNTA, SATISFECHA

Por su parte, y vía comunicado, la Xunta de Galicia anuncia que "ejercerá las acciones necesarias para que la compensación reconocida por la sentencia se haga efectiva en el plazo más breve posible", recordando que actuó siempre "con la máxima lealtad institucional y por eso Galicia fue la primera Comunidad en advertir de esta situación en julio de 2018".

Se lamenta de que la administración central hiciera caso omiso de las reiteradas reclamaciones planteadas vía administrativa y asegura que "Ahora la sentencia del Tribunal Supremo acredita que el Gobierno central vulneró el derecho a la autonomía financiera de nuestra comunidad, que esa actuación originó un quebranto económico a la hacienda autonómica y que, de esa manera, se produjo un enriquecimiento indebido para la Administración del Estado".