Un abogado acepta 359 días de cárcel por estafar a un cliente que estaba en la prisión de Monterroso

Un abogado, colegiado en A Coruña, ha aceptado una pena de 359 días de prisión y el pago de multas por valor de 5.380 euros por estafar a un cliente que estaba en la cárcel cumpliendo condena por un delito de abuso sexual.

El fiscal pedía inicialmente una pena de seis años de cárcel para él, pero el acuerdo de conformidad fue posible, entre otras cuestiones, porque el acusado, “con carácter previo a la apertura del juicio oral”, indemnizó “a los perjudicados con la integridad de las cuantías obtenidas fraudulentamente”, lo que supone una “circunstancia atenuante de reparación del daño muy cualificada”.

En virtud de ese acuerdo, el acusado aceptó multa de 3.590 euros y una inhabilitación de 359 días para ejercer la abogacía por el delito de deslealtad profesional; también por los delitos continuados de estafa y falsedad, una pena de 359 días de prisión y la inhabilitación para ejercer su profesión durante ese tiempo. Por ese delito también tendrá que pagar una multa de 1.790 euros.

El ministerio fiscal lo acusaba inicialmente de deslealtad profesional y de los delitos continuados de falsedad en documento privado y estafa, “en su modalidad agravada por haberse perpetrado aprovechando el acusado su credibilidad profesional”.

LOS HECHOS

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el letrado comenzó a prestarle asistencia legal a su cliente antes de febrero de 2016. Un año después, en 2017, su patrocinado ingresó en el centro penitenciario de Monterroso para cumplir una pena de 3 años y 10 meses de prisión a raíz de una sentencia firme de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por un delito de abuso sexual.

El abogado, que mantenía un contacto “frecuente” con el condenado y con sus hermanas, les comunicó su intención de presentar un recurso de revisión “en base a la aparición de nuevos elementos de prueba”, aunque les dijo también que tenía que esperar a la resolución de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que él ya sabía que había sido inadmitido.

Es más, según el fiscal, en 2018, les hizo creer que ese citado recurso de amparo estaba “cerca de ser resuelto de manera favorable a sus intereses”, lo que facilitaría su salida en libertad. Para ello, les pidió que le entregasen 2.500 euros, destinados a pagar una supuesta fianza.

Como su cliente no salía de prisión, el letrado supuestamente les dijo a sus familiares que el retraso era debido a una huelga de los funcionarios del Juzgado de Chantada.

De hecho, en abril de 2018, “creyendo la versión de su letrado”, el condenado solicitó un “habeas corpus”, que fue inadmitido por el Juzgado de Chantada “tras comprobar” que dicha “resolución no existía”.

Posteriormente, con el “ánimo de enriquecerse de manera injustificada”, intentó hacerles creer a sus clientes que el Tribunal Constitucional había ampliado la fianza a 3.500 euros, por lo que les solicitó que le abonasen 1.000 euros más. Para ello, llegó a confeccionar otro documento que simulaba “ser una copia de un auto del Tribunal Constitucional”.

Finalmente, su cliente decidió contratar los servicios de otro letrado quien lo solicitó al procesado que le entrase la documentación relativa al condenado, pero “siendo consciente de que con su conducta perjudicaba de forma grave los intereses” de esa persona, no le entregó los referidos papeles, lo que motivó una “dilación en el ejercicio de las acciones legales” en su beneficio.