Condenado el Ayuntamiento a pagar 3.500 euros al policía que hizo de comisarío del San Froilán 2019

El sindicato CSIF ha informado de que el Juzgado ha condenado el Ayuntamiento de Lugo a abonarle a un oficial de la Policía Local, hoy inspector de ese mismo cuerpo, la cantidad de 3.500 euros por el trabajo que desarrolló como comisario del recinto ferial de las patronales de San Froilán en el año 2019, desde el 11 de septiembre hasta el 18 de octubre.

El sindicato precisó que, dadas las funciones que implica esa responsabilidad durante mes y medio, entre las que se incluye la obligación de estar localizado las 24 horas del día -incluidos los festivos, desde el año 2013 el Ayuntamiento le venía abonando a este agente la cantidad de 3.500 euros por su servicio, en concepto de productividad.

Sin embargo, añade en un comunicado, “el Ayuntamiento de Lugo, de forma totalmente unilateral y sin previo aviso, decidió abonar a este trabajador la indecente y vergonzosa cantidad de 200 euros por todos los trabajos realizados entre el 11 de septiembre y el 18 de octubre de 2019”.

Existía un informe favorable

Y lo hizo, explica, a pesar de la existencia de un informe emitido por la concejala delegada del área de Cultura, realizado una vez finalizadas las fiestas, en el que “se ponía de manifiesto la excelencia con la que se habían desempeñado todos los trabajos de planificación del recinto durante las fiestas de San Froilán, así como la plena satisfacción por parte de los industriales adjudicatarios de los distintos puestos”.

Según el sindicato, la edila proponía en ese informe al Servicio de Personal el abono de 3.500 euros en concepto de productividad, para pagar “la enorme cantidad de horas dedicadas, tanto en días ordinarios como festivos”.

Por ello el sindicato acudió a los tribunales y el juzgado, “una vez más, como no podía ser de otra manera, le ha dado la razón, condenando sin paliativos de ningún tipo a la administración local al abono de 3300 euros (3500 menos los 200 ya abonados) más los intereses legales, debiendo además abonar las costas procesales”.

“La propia sentencia califica esta ignominia como un enriquecimiento injusto por parte de la Administración a costa del trabajo de un empleado municipal y de vulneración del principio de confianza legítima, ya que, la cantidad ahora reclamada venía siendo percibida desde el año 2013, y, sin previo aviso, se le abonan 200 euros”, concluye.