Los letrados de la Administración de Justicia en huelga vuelven a colgar sus togas en Lugo

Los letrados que secundan el paro aseguran que la actividad judicial está paralizada por la huelga en Lugo

Togas colgadas en la fachada de los Juzgados de Lugo

José Luis Ramudo

Lugo - Publicado el - Actualizado

2 min lectura

Los letrados de la Administración de Justicia de Lugo que se han sumado a la huelga indefinida iniciada el pasado 24 de enero, y que están cumpliendo los correspondientes servicios mínimos, volvieron a colgar este viernes -día 3 de febrero- sus togas en la fachada principal de la sede de los Juzgados, en la Praza de Aviles de la capital lucense.

Según los promotores de esta iniciativa, los letrados colgaron sus togas en los “cuatro balcones” de la fachada principal del edificio de los Juzgados como “símbolo” de esta protesta contra la “desidia del Ministerio de Justicia” a la hora de buscar una solución a su situación laboral.

En declaraciones a Cope Lugo, uno de esos letrados, David Santos, explicó que la huelga está afectando mucho al funcionamiento del sistema, porque “aunque son pocos” los funcionarios de este cuerpo en la provincia, uno de los antiguos secretarios judiciales que está “ejerciendo su derecho a huelga” es “el letrado que lleva el servicio del Decanato”.

En otras palabras, afecta directamente a “la entrada de asuntos” en los órganos judiciales. “Solo se pueden repartir” entre los diferentes juzgados “los asuntos urgentes” o considerados “de servicios mínimos”, aclaró.

NO SE ADMITEN DEMANDAS

“Está afectando a la entrada de asuntos en todos los órganos judiciales. No se está llevando a cabo la admisión de demandas”, insistió.

También precisó que, en este momento, está en huelga una decena de funcionarios de este cuerpo. Por lo tanto, “los juicios señalados” en juzgados con letrados que se han sumado al paro, “no pueden celebrarse”.

En cuanto a las causas de la huelga, recuerda que el motivo principal del paro es la reclamación de una subida salarial acorde a las competencias que ha ido descargando en los últimos años la Administración de Justicia sobre los funcionarios de este cuerpo, sin que se haya producido la contraprestación comprometida en su día por el Gobierno.

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