La capital lucense, con 67 aparatos, es la ciudad más "cardioprotegida" del noroeste peninsular
Destrozan desfibriladores instalados en lugares públicos de Lugo: “Es un acto incívico, una maldad y un delito”
El jefe de Cardiología del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), Carlos González Juanatey, asegura que esos actos provocan “desolación”, porque destruyen aparatos que pueden “salvar vidas”
Lugo - Publicado el - Actualizado
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El jefe de Cardiología del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), Juan Carlos González Juanatey, reconoce que los actos vandálicos sobre los desfibriladores instalados estratégicamente en distintos puntos de la ciudad de Lugo, precisamente con el objetivo de “salvar vidas”, provocan un sentimiento de “desolación”, porque son “un acto incívico, una maldad y un delito”.
“Nos crea un sentimiento de desolación que actos de este tipo puedan ocurrir en nuestra ciudad”, dijo González Juanatey, porque “el programa Lugo Cardioseguro es un programa modélico”, con 67 desfibriladores repartidos por el municipio que, en un momento dado, pueden “garantizar que la atención temprana a una parada cardíaca pueda salvar la vida de un ciudadano”.
A su juicio es totalmente lamentable que esa posibilidad de supervivencia ante una parada cardíaca “pueda verse comprometida por actos de este tipo”.
Precisó, en ese sentido, que “en esa cadena de supervivencia, cuando alguien tiene una parada, la posibilidad de hacer una desfibrilación en los primeros minutos es clave”. Por ello, esos aparatos están “repartidos por toda la ciudad”.
“Recientemente, hace muy pocos días, una persona sufrió una parada cardíaca cerca de la estación de autobuses. Fue desfibrilada, llegó perfectamente al hospital y consiguió sobrevivir”, recordó el doctor Juanatey.
Por ello, expresó “su repulsa absoluta” a “actos de este tipo”. Desde su punto de vista, ni siquiera son fruto de “desconocimiento de la población”, sino que son “un acto incívico, una maldad y un delito contra todos nosotros”.
“Estropear un dispositivo de salud pública, que salva vidas, debe estar perseguido y penado”, concluyó.
llamamiento al "civismo"
La concejala de Benestar Social e Maiores, Olga López Racamonde, hizo un llamamiento público “al civismo” de los lucenses, después de que su departamento comprobase que dos desfibriladores instalados en las plazas de Avilés y el Sagrado Corazón habían sido destrozados. “Uno de estos dispositivos fue encontrado en un descampado gracias al sistema de geolocalización que llevan incorporado, mientras que otro que sufrió daños y tuvo que ser arreglado”, precisó la edila.
López Racamonde recuerda que lo sucedido en los últimos días no son los primeros “actos vandálicos” de este tipo “ya que el año pasado hubo otros tres desfibriladores” que sufrieron desperfectos por ese tipo de conductas incívicas “en Aguas Férreas, en la Avenida de A Coruña, -cerca del barrio de la Milagrosa- y en Campo Castelo”, aparatos que tuvieron que ser "reparados o sustituidos”.
- Durante la celebración de las patronales de San Froilán agentes de la Policía Local de Lugo identificaron y sancionaron a un joven de 26 años que orinó sobre uno de los desfibriladores portátiles emplazados en el entorno del recinto ferial de las fiestas, precisamente para responder a posibles emergencias.
Además, los agentes vieron como, posteriormente, le daba una patada, lo que hizo que el aparato, preparado para ser usado en caso de un paro cardíaco, se cayese al sueño y sufriese daños.
once aparatos en espacios públicos
“Es incomprensible este tipo de actos de vandalismo, de bienes que pagamos todas y todos los ciudadanos, y que más allá del coste económico, suponen la posibilidad de salvar una vida ante una situación de emergencia”, dijo la edila.
La concejala recordó que los 67 desfibriladores distribuidos estratégicamente hacen de Lugo “la ciudad más cardioprotegida del noroeste peninsular”.
- Hay once aparatos en espacios públicos al aire libre, como plazas y calles; otros diez portátiles son los que llevan los operativos de Bomberos y Policía Local en sus salidas, mientras que el resto están instalados en centros sociales de la ciudad y parroquias rurales, dependencias deportivas municipales, centros culturales y otros edificios públicos.
Olga López recordó que “cada uno de estos soportes tiene un coste aproximado de 1.300 euros que pagamos todas y todos”. Además, pidió a la “gente que respete estos bienes públicos”, no solo “por el coste económico, sino porque pueden ayudar a salvar vidas”.
De hecho, los actos vandálicos sobre este tipo de aparatos tienen otra consecuencia negativa. Al robarlos o destrozarlos, se activa una señal falsa de alerta al 061, que detecta que hay una alarma y que activa así todo el dispositivo de emergencias público, "con el gasto de recursos que eso implica”, censuró.