Una interina en Lugo consigue su puesto de funcionaria por trabajar 14 años con contratos temporales

El abuso de la temporalidad en el ámbito laboral ha vuelto a quedar en evidencia con el reciente fallo judicial en Lugo. Una funcionaria interina de la Consellería del Medio Rural ha conseguido que la Justicia le reconozca su condición de personal fijo tras encadenar contratos temporales durante 14 años, una situación que, según el fallo, vulnera claramente sus derechos laborales y evidencia un uso abusivo de la contratación temporal por parte de la Administración.

El Juzgado de lo Social número 2 de Lugo ha fallado a favor de la trabajadora, estableciendo que su prolongada ocupación de la misma plaza evidencia que se trataba de un puesto vacante, sin un titular fijo, lo que constituye un uso abusivo de la temporalidad. La sentencia subraya que la interinidad no puede convertirse en una fórmula encubierta de estabilidad laboral sin reconocimiento oficial, ya que esto desvirtúa la finalidad misma de los contratos temporales y perpetúa la precariedad laboral.

La resolución judicial recoge el criterio fijado por el Tribunal Supremo, sancionando a las administraciones que incumplen la normativa vigente y reconociendo como personal fijo a aquellos empleados temporales que hayan superado procesos selectivos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad. En este caso, la funcionaria afectada había participado en un proceso selectivo para plazas fijas, cumpliendo con todos los requisitos legales, lo que refuerza aún más la injusticia de su prolongada situación de temporalidad.

El abuso de los contratos temporales no es un caso aislado. Según datos de Eurostat, España cerró 2024 con una tasa de temporalidad del 15,5. Este problema es especialmente acuciante en la Administración Pública, donde el 28,3% del personal es interino, frente al 12,4% del sector privado. 

La temporalidad en el sector público

La temporalidad crónica en el sector público no solo precariza el empleo, sino que también compromete la calidad de los servicios públicos. La falta de estabilidad laboral limita las posibilidades de formación continua y desarrollo profesional de los trabajadores, afectando de manera directa a la eficiencia y eficacia de las administraciones.

El fallo judicial también pone de relieve una de las medidas de la última reforma laboral, en vigor desde el 31 de marzo de 2022, que busca reducir la temporalidad y convertir en fijos a los interinos mayores de 50 años que lleven más de cinco años en la misma plaza, mediante un concurso de méritos. Esta medida, aunque aplaudida por muchos sectores, sigue enfrentándose a retos importantes en su aplicación práctica, especialmente debido a la falta de agilidad administrativa y a la resistencia de algunas instituciones a implementar cambios profundos.

Uno de los aspectos más llamativos del caso es que la plaza ocupada por la interina nunca fue ofertada en las ofertas públicas de empleo (OPE) de la Consellería del Medio Rural. La sentencia cuestiona por qué la administración no sacó a concurso esta vacante durante todos esos años, optando en su lugar por mantener un sistema de contratos temporales encadenados. "No se comprende cuál es el motivo por el que la entidad demandada no oferta en la OPE todas las plazas vacantes en el momento de la convocatoria y acude de forma abusiva a la contratación fraudulenta", señala el fallo.

Este tipo de prácticas, según denuncian los sindicatos, no solo perjudican a los trabajadores afectados, sino que también privan a otros aspirantes de la posibilidad de acceder a un empleo público en condiciones justas y transparentes. La falta de convocatoria de estas plazas perpetúa un círculo vicioso de temporalidad y precariedad que va en contra del espíritu de las normativas laborales.

Un paso más hacia la estabilidad laboral

El caso de esta funcionaria en Lugo es un recordatorio de los retos pendientes en el ámbito laboral español. La reforma laboral ha sentado las bases para combatir la temporalidad, pero las sentencias como esta refuerzan la importancia de vigilar su cumplimiento y presionar a las administraciones para que adopten medidas concretas y eficaces.

El abuso de los contratos temporales no solo vulnera derechos laborales, sino que también impacta negativamente en la economía y la calidad del empleo público. La falta de estabilidad impide la consolidación de plantillas y afecta a la motivación y el rendimiento de los empleados. Además, genera una sensación de inseguridad permanente entre los trabajadores, muchos de los cuales, como en el caso de la interina de Lugo, pasan años encadenando contratos sin una perspectiva clara de futuro.