Los trabajadores de Alcoa hacen barricadas en la fábrica mientras esperan el resultado del juicio en el TSXG

Cientos de trabajadores de Alcoa se concentraron este jueves en la entrada principal de la fábrica de San Cibrao para seguir, a través de una pantalla y con la ayuda de altavoces, el desarrollo del juicio que se está celebrando por la demanda contra el proceso de despido colectivo en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Después de que se confirmase que el juicio iba a celebrarse, al no haber acuerdo entre la empresa y el comité en el acto de conciliación previo al inicio de la vista oral, los trabajadores cortaron el acceso principal a la fábrica con barricadas de ruedas, a las que luego les prendieron fuego.

También quemaron los carteles de Alcoa situados en la misma entrada al complejo industrial, cerca del campamento montado por el comité para controlar los accesos y salidas de la fábrica desde que comenzó la huelga indefinida, en el mes de octubre.

De nuevo volvieron a escucharse consignas a favor de una intervención pública de la fábrica y en contra de la multinacional americana.

El abogado de Alcoa dice que el ERE es "una buena noticia"

Alcoa ha defendido esta mañana el ERE que ha presentado en la planta de aluminio primario de San Cibrao por "causas productivas, económicas y organizativas" para 524 trabajadores, que "trata de evitar que el despido colectivo afecte a la totalidad de los trabajadores", pues completa la plantilla casi otro centenar, y "esto tendría que ser una buena noticia".

El complejo industrial de San Cibrao está formado por dos fábricas, la refinería de alúmina, de la que Alcoa no se quiere desprender y sobre la que prevé una reversión en el futuro, y la planta de aluminio primario, y entre las dos suman una plantilla de trabajadores superior a los 1.100 empleados.

Tras iniciar su alegato con la advertencia de que no descarta solicitar la nulidad de actuaciones por ser público este juicio y vulnerar varios preceptos legales, el abogado de Alcoa ha indicado que este despido colectivo, que demandó el comité de empresa y que afectaría a 524 trabajadores, se inicia en mayo de este año y continuó después con un periodo de consultas y negociación que se "boicoteó" reiteradamente.

Durante más de tres horas, ha argumentado que este despido colectivo opera conforme a la normativa laboral y solo por plantearlo "la alegación de mala fe y nulidad es recurrente" por parte de la representación social, es un "comodín que se utiliza de forma continua, un mantra" por iniciar este proceso de despido.

El objetivo, ha explicado el abogado de Alcoa, era que no afectara a toda la plantilla, pues 99 trabajadores se quedarían trabajando, entre otras cosas, porque son necesarios para un apagado ordenado de las cubas, que prohibió cautelarmente el alto tribunal en una vista anterior.

El letrado ha explicado, sobre esta medida cautelar que ha pedido retirar, que "la electrólisis es la que genera las pérdidas", alrededor de un millón de euros semanales, ha citado, con un "precio de venta más bajo que el coste, por lo que cuanto más produces más pierdes".

"La excusa de la parada de cubas para no negociar el ERE a estas alturas ya no es creíble", ha enfatizado el abogado de Alcoa, pues el rearranque de cubas costaría unos 35 millones, más que las pérdidas de dos años, ha calculado, por lo que "es más que asumible".

Según ha manifestado, "es gratuito" decir que no se pueda llevar a cabo una hibernación y que sea irreversible, y "no se pueden generar dudas al respecto" de que se puedan rearrancar las cubas, como ha ocurrido en otros casos.

También ha apuntado un coste energético "que es innegable", así como de materias primas. "A 45 euros el megavatio/hora es imposible operar Alcoa", ha reseñado, y "la planta de San Cibrao no es viable si no es a 35 euros megavatio/hora a largo plazo", pues el precio de la energía, del aluminio, de las materias primas y del cambio euro/dólar "es el mix que compone los costes".

Pero, ha dicho, esta demanda "pone en cuestión el carácter estructural de las mismas", cuando las pérdidas alcanzan ya los 50 millones, ha puntualizado.

Esta planta supone el 0,3 % de la producción mundial y Alcoa es "el único productor de aluminio primario en España, ¿por qué será?", se pregunta, ante lo que asegura que "a lo mejor porque las condiciones de mercado y costes en España no son propicias para que haya más productores de aluminio primario".

"Hay sobrecapacidad en el mercado y lo que deje de producir Alcoa lo hará otro productor", ha abundado.

El letrado "niega la mayor" acerca de que "la venta es una solución en sí misma", como ha planteado la representación de los trabajadores, a la que ha afeado que les acusen de mala fe desde el primer día y que haya "torpedeado y boicoteado" el proceso de negociación "para que no llegue a ninguna parte". "Fue imposible, no hubo opción", ha matizado el letrado.

"No se puede obligar a una empresa a vender sí o sí bajo cualquier circunstancia, no se puede obligar a Alcoa a vender y mucho menos la parte de alúmina que no estaba en el acuerdo", ha recriminado el abogado, que insiste en que "la venta no es una medida social, no soluciona una situación productiva y económica".

Para Alcoa ha sido una "extralimitación extraordinaria" por parte de la Autoridad Laboral el aconsejarle que desistiera del despido colectivo al que, insiste, tiene derecho y no se le puede reprochar.

"Esta parte -Alcoa- es la única que ha hecho esfuerzos en positivo en la negociación", ha argumentado el letrado, que reitera que "la planta es deficitaria sea quien sea el propietario".

Ha reprochado también a la autoridad laboral que calificara el comportamiento de Alcoa y no así de Liberty House, potencial compradora, o la representación de los trabajadores, incluso, ha señalado, llegó a un acuerdo con esta última para acordar el futuro de la planta.

A su juicio, "causa estupor" que la representación de los trabajadores diga que el plan social no fue objeto de negociación y que cada vez que se planteaba una cuestión en el marco del despido colectivo su respuesta era "no entrar siquiera a valorarla". Además, critica su "doble vara de medir" con Alcoa y el resto de interlocutores.

El letrado ha retado a demostrar el "fraude y mala fe que machaconamente propugna la representación social"; al Ministerio de Industria le ha reprochado que no haya desarrollado "ninguna actividad" revertir la situación y que su plan sea "programático y no concreto y no soluciona un problema de 58 millones de euros de pérdidas".

En definitiva, "fue Alcoa la única que buscó soluciones alternativas" porque "la planta no es viable", si bien ha lamentado que la única respuesta haya sido "desistir del ERE y vender a toda costa". "El panorama no es halagüeño", avisa.