Horas de retraso en Pontevedra en el primer día de vacunación al profesorado

A pesar de que Sanidade no ha detallado las condiciones del inicio de la vacunación del profesorado en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, distintos docentes han confirmado a COPE que el primer día ha ido con un notable retraso en cuanto a las citas dadas en el hospital de Montecelo.

Según ha confirmado la vicedirectora del IES de Poio, Sabela Bará, los menores de 55 años han sido llamados a Montecelo para recibir la vacuna de Astrazeneca que no está recomendada más allá de esa edad. En este caso, a pesar de haber dado citas a partir de las 8.30 horas, los primeros pinchazos han tardado horas. El motivo, tal y como ha asegurado el gerente del área sanitaria, José Ramón Gómez, es que no se contaba con vacunas de Astrazeneca debido a un error y han tenido que ser enviadas las dosis desde Santiago en la mañana de este mismo martes, con los citados esperando. En cambio, la vacunación a maestros y profesores mayores de 55, en el hospital Provincial, ha transcurrido con agilidad.

Esta emisora no ha podido confirmar con ningún centro educativo que se hayan dado citas para el hospital do Salnés.

Sobre la citación, el Sergas ha avisado por SMS enviando mensajes desde las 18.00 horas de este lunes para acudir a vacunarse este mismo martes, tal y como ha asegurado a esta emisora el director del IES Illa de Tambo, de Marín, Antonio Novo.

NUEVA LEY GALEGA DE SAÚDE

La nueva ley gallega de salud -que reforma un texto de 2008-, impulsada por el PPdeG, ha sido aprobada este martes en el pleno del Parlamento solo con los votos de los populares y con el rechazo de la oposición -BNG y PSdeG-.

Durante el debate, el diputado socialista Julio Torrado ha acusado al PP de "utilizar el miedo para recortar derechos" en un "dudoso marco jurídico", mientras Iria Carreira (BNG) ha alertado de que esta ley supone una "supresión de derechos fundamentales de los gallegos" con la excusa de la pandemia.

En contraposición, Encarna Amigo (PPdeG) ha defendido que la nueva norma, que "tanta algarabía está suscitando", "cumple todas las garantías jurídicas" y sirve para combatir al coronavirus.

La reforma de esta ley ha estado rodeada de polémica desde el comienzo. El propio modo de tramitarla por el Grupo Popular por la vía de urgencia, en vez de por el Gobierno gallego, suscitó las críticas de la oposición al acusar a los populares de buscar "esquivar informes jurídicos".

Entre los capítulos que más críticas han recibido, está el que alude a la tipificación de infracciones en salud pública y a las sanciones. Entre ellas, se encuentran multas de hasta 60.000 euros por saltarse confinamientos y un régimen de sanciones de hasta 600.000 euros en tres niveles -leve, grave y muy grave- para penar el rechazo a vacunarse o hacerse pruebas, pero solo en caso de que las autoridades sanitarias establezcan su obligatoriedad.

Asimismo, la multa por no llevar mascarilla se marca en un mínimo de 100 euros, con la posibilidad de incremento en función del incumplimiento. Y entre otras infracciones leves también se encuentran: hacer botellón, infringir los toques de queda, reuniones con más personas de las permitidas, participar en fiestas que incumplan las medidas aprobadas por las autoridades sanitarias e incumplimientos de horarios de locales.

PROTESTAS DE NEGACIONISTAS

Junto a esto, durante la tramitación de la ley se produjo una campaña de correos masivos en la web del Parlamento gallego con contenido negacionista de la covid-19 y antivacunas.

El pasado sábado una manifestación negacionista recorrió las calles de Santiago contra lo que denominan la 'Ley Auschwitz'. Asimismo, este martes, decenas de negacionistas se han concentrado ante la Cámara en contra de la ley con carteles en los que se podía leer mensajes como 'La televisión en el virus'. En ambas movilizaciones, se ha podido ver a algunos manifestantes sin mascarilla o con ella bajada.

Los populares han deslizado en los últimos días una vinculación entre el rechazo de la oposición al texto con estas movilizaciones negacionistas. Una cuestión que ha provocado un airado reproche por parte del BNG y PSdeG, que acusan al PP de usar un "argumento ridículo" y "tramposo" de identificar las críticas de la oposición con el negacionismo para no abordar lo que entienden problemas de fondo en el texto.