Crecente quiere garantizar un uso sostenible y ordenado del territorio

Garcia Luengo se reúne con la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU).

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Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) y el Ayuntamiento de Crecente destacan la colaboración como elemento clave para garantizar un uso sostenible y ordenado del territorio. En el transcurso de una reunión para analizar los resultados de la colaboración que mantienen el organismo autonómico y el Gobierno local en el campo del urbanismo, el director de la APLU, Jacobo Hortas, y el regidor, Julio César García-Luengo, coincidieron en la importancia de seguir apoyándose mutuamente y centrar las inspecciones en aquellos puntos que pueden resultar más delicados.

A mayores, Huertas y García-Luengo incidieron en la necesidad de seguir colaborando para velar por el cumplimiento de la normativa y del planeamento urbanístico y, de hecho, aprovecharon el encuentro para revisar los diferentes núcleos de población, espacios protegidos e infraestructuras de Crecente, analizando sus particularidades urbanísticas. Por su parte, el regidor municipal se interesó por las actuaciones que lleva a cabo a APLU con el objetivo de divulgar y mejorar el conocimiento sobre la ordenación del territorio, el urbanismo y la preservación del paisaje como elemento y señal de identidad.

En este sentido, Jacobo Hortas subrayó que los técnicos de la Agencia están a la disposición de los municipios gallegos fin de tratar de resolver cualquier duda o necesidad que pueda surgir, así como para ofrecerles formación especializada a su personal. Además, también informó al alcalde de la posibilidad de presentar consultas en materia urbanística a la Xunta consultiva en materia de ordenación del territorio y urbanismo, puesta en marcha el pasado año 2022 por el Gobierno gallego con el objetivo de asesorar y emitir informes sobre la interpretación de la normativa vigente en este ámbito que le formulen desde la propia administración autonómica y también de los ayuntamientos, colegios profesionales y organizaciones empresariales afectadas por la ordenación territorial y urbanísticas.