Desmantelado un grupo dedicado a la trata de seres humanos en La Rioja y Aragón

La Guardia Civil, en el marco de la denominada operación 'Ayote', ha desarticulado un grupo criminal que se había especializado en la trata de seres humanos para el cuidado en España de personas de avanzada edad, con enfermedades graves o algún tipo de dependencia. En concreto, han sido siete los detenidos, dos (cabecillas de la trama) se encuentran en prisión y el resto en libertad con cargos.

Se tiene constancia de, al menos, cincuenta víctimas identificadas con las que el grupo llegó a obtener unos beneficios económicos superiores a los 750.000 euros. La trama consistía en prometer a esas mujeres -todas procedentes de Nicaragua- un buen trabajo en España y, una vez aquí, trabajar cuidando ancianos en domicilios y hospitales y arrebatarles el 90 o 95 por ciento de su sueldo aduciendo una deuda de 6.000 euros que ellas "sin ser conscientes" habían adquirido al aceptar el trabajo.

El grupo criminal estaba formado por cuatro mujeres -dos de ellas hermanas- y tres varones de un mismo clan familiar nicaragüense, de entre 19 y 41 años. Los miembros de este grupo actuaban de manera estructurada, organizada y jerarquizada desde sus dos bases de operaciones establecidas en Logroño y Alfaro (La Rioja) y en Huesca (Aragón).

Una de las cabecillas del grupo fue detenida en la terminal T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez cuando intentaba introducir en España a otras tres víctimas procedentes de Nicaragua para su explotación. El resto de detenciones se realizaron de manera simultánea en La Rioja y Huesca, lugares en los que también se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios.

A todos los detenidos se les considera presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

Así lo han explicado este miércoles el delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez, junto al coronel jefe de la X Zona de la Guardia Civil, José Raposo, el responsable de comunicación de la Guardia Civil, Miguel Ángel Sáez, y el teniente de la Policía Judicial, Miguel Ángel Fuentes.

Según ha explicado Miguel Ángel Sáez, la operación comenzó en mayo de este año cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tuvieron conocimiento de la existencia de un posible grupo criminal que se dedicaba a la explotación laboral a mujeres nicaraguenses en Alfaro (La Rioja).

A partir de ahí, se abrieron dos vías de investigación, por un lado la verificación del hecho y su desmantelamiento y por otro la localización de las víctimas para darles seguridad y protección.

Las investigaciones detectaron que ciertos familiares del grupo criminal se dedicaban a buscar mujeres en Nicaragua jóvenes, preferiblemente con hijos a su cargo y en mala situación económica. Ellos les prometían trabajo en España que sería muy bien remunerado económicamente. Una vez en el aeropuerto de Nicaragua les facilitaban 1.000 euros (para justificar la entrada en el territorio nacional) y, una vez en España, se lo requisaban. Allí, otra parte del clan las recogían y las llevaban, indistintamente, a La Rioja, Navarra o Aragón.

Ya en España, el grupo criminal les usurpaba la identidad y les buscaban trabajo cuidando a personas mayores, ya sea en domicilios o en el hospital. Las víctimas accedían a ese trabajo "bien aleccionadas" sabiendo "qué podían o no podían decir" y el clan familiar les retiraba al menos el 90 o 95 por ciento del sueldo recibido. Además, si las mujeres se quedaban sin trabajo, el grupo les ofrecía alojamiento y ellas tenían que pagar luz, agua, comida y, si no tenían dinero, "les daban un préstamo que tenían que devolver con el 20 por ciento de intereses".

Por lo tanto, asegura la Guardia Civil, "esa deuda nunca se terminaba".

El grupo criminal sometía y controlaba a todas sus víctimas mediante constantes amenazas, intimidación, engaño y coacción, amedrentándolas con advertencias de las consecuencias a las que se enfrentarían sus familiares en Nicaragua, si llegaban a denunciar los hechos.

Se tiene constancia, además, de que este grupo venía realizando las mismas acciones desde finales de 2016. Todas las víctimas están en situación irregular en España, aunque como han explicado desde la Guardia Civil, "esta situación vivida hace más fácil que puedan regular su estancia".

Las víctimas interceptadas en el aeropuerto de Madrid fueron trasladadas a Logroño e informadas de sus derechos como víctimas de trata, poniéndoles a su disposición todos los recursos asistenciales para garantizarles un alojamiento conveniente y seguro, ayuda material, asistencia psicológica, asistencia médica y asesoramiento jurídico.

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Calahorra (La Rioja), ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja, colaborando en la misma sus homólogos de Navarra, Huesca y Tres Cantos, así como el Puesto Principal de Calahorra y la Unidad Cinológica Central.