Un año después de la tractorada: El sector agrícola riojano sigue luchando por su supervivencia

Era un 6 de febrero de 2024. Aún no había salido el sol y, a las 7 de la mañana, Logroño ya vibraba con el eco de cientos de bocinas. Más de un millar de tractores, llegados desde todos los rincones de La Rioja, bloqueaban los accesos a la ciudad.

Agricultores y ganaderos, soportando una presión insoportable, decidieron alzar la voz. Querían ser escuchados, necesitaban que se entendiera la gravedad de su situación y exigir respuestas que, hasta entonces, nunca llegaban. Eduardo, agricultor, pedía comprensión ante la crítica realidad del campo.

Ese fue el inicio de dos intensas semanas que dejaron imágenes imborrables con tractores desfilando por el corazón de Logroño hasta llegar a El Espolón. Agricultores bloqueando el acceso a polígonos como el de Lentiscares, donde incluso se vivieron momentos de tensión con la Guardia Civil. Las carreteras de toda la comunidad se colapsaron por una marea de vehículos agrícolas avanzando lentamente, con kilométricas filas de coches atrapados tras ellos.

Las protestas no se limitaron a La Rioja, sino que se replicaron en todo el país y más allá de nuestras fronteras. La indignación era compartida. En la región, el movimiento fue iniciado por agricultores independientes, conocidos como los 'chalecos amarillos', quienes adelantaron la movilización prevista por las organizaciones agrarias. El apoyo fue masivo, y muchos agricultores, como Eduardo, expresaron su satisfacción por haber sido escuchados.

Sin embargo, un año después, la sensación es de frustración. Se prometieron muchas cosas en las mesas de negociación, pero poco se ha cumplido. Los retrasos han sido la constante. En La Rioja, existen unas 11.900 explotaciones agrícolas que aportan el 18% del PIB regional y generan empleo para más de 20.000 riojanos en el campo y la agroindustria. A pesar de ello, la región ha perdido 89 agricultores en 2024, lo que representa un duro golpe para un sector ya castigado.

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Las principales razones que motivaron las protestas fueron los precios injustos para los productos agrícolas, que en muchos casos se vendían por debajo de los costos de producción, la competencia desleal por la importación de productos de fuera de la Unión Europea, el exceso de burocracia y la falta de una aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar contratos justos y precios que cubran los costos de producción.

A un año de aquellas jornadas de protesta, muchos agricultores comparten la sensación de estancamiento. A pesar de algunos avances, como el arranque de viñedos, la simplificación de la PAC o el aplazamiento del cuaderno de campo, siguen enfrentándose a amenazas muy serias. Entre ellas, destacan el acuerdo con Mercosur y la subida imparable de los costos de producción. El tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur reduce la rentabilidad de los agricultores locales, lo que agrava aún más su situación.

Además, los costos de producción han aumentado un 30% en los últimos dos años, afectando tanto a los cultivos como al ganado. La volatilidad de los precios también sigue siendo un problema, mientras que un kilo de peras riojanas se paga a los agricultores a 0,25 euros, en el mercado puede alcanzar hasta 1,50 euros.

La voz del campo sigue resonando con fuerza, pero las soluciones siguen siendo insuficientes y tardías. El futuro del sector agrícola en La Rioja sigue siendo incierto.