La educación pública vasca encara 12 días de huelga, la primera del Gobierno Pradales

El Gobierno del lehendakari Pradales se enfrenta a su primera convocatoria de huelga convocada por los sindicatos en el enseñanza pública de Euskadi durante 12 jornadas. 

Los paros, a los están llamados unos 30.000 trabajadores, entre personal docente, de limpieza, de cocina y haurreskolak, comenzarán el próximo miércoles día 22 y se extenderán hasta febrero para reivindicar mejoras laborales.

calendario de paros

Las huelgas registradas este viernes en la Delegación de Educación de Bizkaia serán por sectores. Empezarán los profesores de la enseñanza pública los próximos 22 y 23 de enero y también el 26 y 27 de febrero. Los trabajadores de las haurreskolak irán al paro el 28 y 29 de este mes y el 12 y 13 del próximo. Y por último, el personal de cocina y limpieza, parará el 30 y 31 de enero, y el 19 y 20 de febrero. 

Los sindicatos convocantes ELA, LAB, Steilas y CC OO piden al Departamento de Educación medidas para aliviar las cargas laborales, adelantar la jubilación y recuperar el poder adquisitivo, entre otras mejoras. 

Las centrales, que han secundado una concentración desarrollada ante la sede del Gobierno vasco en Bilbao, están convencidas de que este calendario de protestas va a tener un seguimiento "muy importante" porque "la gente está muy enfadada".

El Gobierno vasco no ve justificadas las huelgas porque dice que las mesas de diálogo están activas, si bien los sindicatos lamentan que sin posibilidad de acuerdos.

decreto anulado

Por cierto, que el Departamento de Educación llama a la tranquilidad a la hora de la nueva campaña de matriculación tras declarar nulo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el decreto que regula la planificación de los centros escolares por un defecto de forma. 

El decreto, sobre ratios mínimas de alumnado y garantías para acoger a estudiantes vulnerables en centros públicos y concertados, sigue en vigor pese a la sentencia, asegura el Gobierno vasco en base a que ha recurrido el fallo judicial al Tribunal Supremo. 

La sentencia responde a un recurso de Ehige y Steilas, que critican que el decreto equipara a centros públicos y concertados.