Los afectados por las inundaciones de 2012 denuncian 12 años perdidos en la lucha contra las riadas

Los vecinos de las pedanías lorquinas de Campillo, Torrecilla y Purias que se vieron afectados en 2012 por la riada de San Wenceslao siguen en la misma situación de vulnerabilidad de entonces. No se ha construido ninguna de las tres presas de laminación anunciadas por las administraciones en el plan de lucha contra avenidas y ni siquiera han conseguido que se ejecute un canal de desagüe de ocho kilómetros entre las ramblas de Béjar y Biznaga para sacar el agua de la hondonada del valle, cada vez más profunda por el hundimiento del terreno y en la que la red de brazales no cumple ya su función.

El último revés ha sido la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) de tumbar la propuesta de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para construir ese canal después de dos años de trámites y más de 250.000 euros de gastos en estudios.

Se trata de un canal de ocho kilómetros, diez metros de anchura y dos metros de profundidad, que no afecta a viviendas ni explotaciones ganaderas y que sería clave en la evacuación de aguas pluviales que se estancan en la vaguada de estas pedanías y las inunda en cada episodio “de lluvia ordinaria”, ha dicho el portavoz de la plataforma de afectados, Pailorca, José María García.

El Miteco rechazó la declaración de impacto ambiental simplificada tramitada por la CHS “por falta de elementos de juicio suficientes” y ahora el asunto “vuelve a la casilla de salida”, por lo que se “alarga la agonía, aumenta nuestra desesperación y desconfianza hacia nuestros administradores públicos y se aleja la solución a un problema vital”.

Pailorca va a solicitar reuniones con la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, y con el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, a los que transmitirá su malestar por los retrasos y la falta de soluciones.

También propondrá el restablecimiento de la mesa de trabajo constituida tras la riada del año 2019 en la que participen junto a los representantes vecinales los organismos que tienen la competencia en la resolución del problema, que son la CHS, la consejería de Fomento, la Comunidad de Regantes y el ayuntamiento de Lorca.