La Diócesis establece que las catequesis serán con puertas abiertas y zonas acristaladas

Las puertas de las sacristías, y aulas de catequesis, tendrán que están abiertas cuando dentro haya un menor o adulto vulnerable. Los religiosos pertenecientes a la Diócesis de Cartagena tampoco podrán transportar a solas a los menores, ni sentarse a su lado en medios de transporte colectivos, dormir en la misma habitación o pedirles que guarden un secreto. Estas son algunas de las medidas que contempla el nuevo protocolo para luchar contra los casos de abusos sexuales de la Diócesis de Cartagena.

El obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha presentado esta guía, de 87 páginas, que también se puede descargar en formato pdf en la página web Díocesis de Cartagena

El obispo ha asegurado que el protocolo se encuadra en el marco de la tolerancia cero ante casos de abuso sexual. El objetivo es que todas las personas que se relacionan con la iglesia “tengan la seguridad de estar en espacios cuidados y protegidos”, en los que “nadie puede tener el dominio sobre nadie”, afirmó.

Por ello, el protocolo es de obligado cumplimiento para toda la comunidad, ya sea el propio obispo y los sacerdotes, como religiosos, seglares, catequistas y laicos en general, que prestan servicios a la comunidad. Lorca Planes ha explicado que ante un posible caso, se establecen medidas cautelares y se aparta del ejercicio del ministerio hasta que se aclara la situación.

El documento incluye medidas como la adecuación de espacios, con puertas acristaladas en las salas donde se imparte catequesis, o bien dejando esas puertas siempre abiertas también en espacios como la sacristía. Lo explicaba el obispo, Lorca Planes.

Además, a partir de ahora todas las comunicaciones con los menores a través de internet se suprimen. Según el protocolo, la comunicación se realizará con sus padres. Así lo ha explicado El coordinador general de la Oficina de Protección de Menores de la Diócesis, Gil José Sáez.

El documento incluye la obligación de que todas las personas que vayan a tratar con menores o adultos vulnerables cuenten con un certificado de no tener antecedentes por delitos sexuales. Gil José Sáez asegura que en estos cuatro años que lleva funcionando la oficina, han tenido que comunicar cinco o seis casos a la fiscalía.