Qué opina COPE del reto demográfico

La pandemia de la covid-19, sus consecuencias... han provocado que este año nos demos cuenta uno de los mayores problemas que tiene nuestro país. El reto demográfico es uno de los mayores desafíos que tiene la sociedad española, tal y como reflejan los datos. Si a comienzos de este año el Gobierno de Sánchez aprobaba medidas insuficientes para que la tasa de natalidad volviese a subir, la pandemia ha provocado que se deba legislar más fuerte para revertir esta tendencia.

España ha registrado durante estos últimos años la tasa de natalidad más baja desde que se tienen registros, y si tenemos en cuenta que la calidad de vida que hay en nuestro país hace que tengamos una esperanza de vida longeva, la pirámide poblacional está a la inversa. En COPE la demografía ha resultado uno de los asuntos clave, por eso, a continuación se presentan las líneas editoriales principales sobre este asunto.

La España vaciada se ha convertido en uno de los grandes temas de la vida nacional. Las protestas de los agricultores de esta semana por la caída de sus márgenes de beneficio coincidían con la creación en el Senado de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico, que seguramente ofrecerá tardes de gloria a los nostálgicos de la concordia parlamentaria. Porque en esta materia el consenso es grande. Aunque mayores son las dificultades. Y no porque en España sea más grave la situación que en otros países de Europa, sobre todo en el este, por no mencionar las zonas rurales en China o EE.UU.

A la caída de la natalidad se suma el elevado coste de ofrecer recursos públicos de calidad en lugares con baja población. Desde una visión en exceso optimista, los partidos políticos suelen presentar grandes soluciones que pasan por la transición ecológica o fomentar que las familias migrantes se instalen en el campo. O puede que en un día no muy lejano el teletrabajo contribuya a llenar de nuevo los pueblos, pero por el momento el campo no puede esperar. De las ayudas a las familias a un debate serio sobre distribución equitativa de las inversiones públicas, pasando por un consumo más solidario con los productores locales, hay ya muchas medidas, que no van a resolver el problema, pero sí a paliar la situación. Y sobre todo, que se podrían aplicar ahora mismo.

En la política de gestos que tanto le gusta, Sánchez ha presidido este viernes la creación de la Comisión Delegada para el Reto Demográfico. La ministra del ramo, Teresa Ribera, presentó un paquete de 30 medidas supuestamente de choque: descentralización de centros de referencia de la administración, desarrollo de proyectos piloto de 5G, universalizar la banda ancha y favorecer la movilidad. El reto demográfico en España es muy serio y no parece que ese paquete de medidas esté a la altura de las circunstancias.

Nuestra tasa de natalidad es de las más bajas de Europa. En los seis primeros meses del año pasado tuvimos la cifra más baja de nacimientos desde 1941. El número medio de hijos por mujer es de 1,25. Uno de los valores más bajos del mundo. Los demógrafos opinan que la migración es, de momento, la única solución para que España no pierda población.

El descenso de la fecundidad en España tiene mucho que ver con el retraso del nacimiento del primer hijo y con la dificultad que tienen las mujeres españolas para pasar del primer al segundo hijo. Las encuestas dicen que a las españolas les gustaría tener más hijos pero que nos los tienen por los problemas económicos. Los expertos que saben de esto dicen que las políticas natalistas tienen efectos limitados. Los problemas que hay que resolver son otros: la alta tasa de paro entre los jóvenes que pueden tener hijos, la inestabilidad laboral cuando encuentran trabajo, o la brecha salarial entre hombres y mujeres. No es solo un problema político es un problema que tiene también que ver con la cultura de las empresas y de la sociedad civil.

Tal como ha evolucionado el coronavirus en las últimas semanas, seguramente otras Comunidades Autónomas tendrán que adoptar las fórmulas que se han tomado en Madrid y el País Vasco. El cierre de los colegios supone un estrés social y familiar importante, pero la respuesta al reto que supone el coronavirus exige un ejercicio de responsabilidad sanitaria, social, económica y cultural. No es momento para polemizar sobre las decisiones de fondo que están tomando las autoridades. Desde el punto de vista sanitario cada ciudadano está llamado a atender a las indicaciones que se nos están dando. Debemos facilitar el trabajo de médicos y enfermeros sin saturar unos servicios que ya tienen una carga excesiva.

Desde el punto de vista cultural el coronavirus supone un desafío que nos obliga a hacernos preguntas serias. A menudo, los hombres modernos nos creemos invulnerables. No tenemos mucho sentido de nuestro límite y cuando este aparece, tenemos la tentación de reaccionar con enfado e histeria. Rechazamos las circunstancias y las personas que nos ponen en dificultades. Tan necesaria es la responsabilidad personal en cuestiones sanitarias como una reflexión sobre qué nos permite no quedarnos paralizados, bloqueados por nuestra vulnerabilidad frente a un virus. Esta búsqueda de razones es urgente también para afrontar el reto económico que genera la difusión del patógeno. Las razones adecuadas, que siempre brillan en los puntos más dinámicos de la sociedad y que cada uno debe buscar, van a ser más necesarias que nunca.

En las residencias españolas de la tercera edad han fallecido alrededor de 17.500 personas a causa del coronavirus. Se calcula que el número de infectados asciende a 72.000.

No son cifras, son personas que han pasado los últimos años de sus vidas en residencias que, por su propia naturaleza, no pueden comportarse como centros de atención sanitaria, y menos aún hospitalaria. Eso no significa, necesariamente, que las personas que viven en ellas estén mal atendidas; y tampoco significa que el problema sea exclusivo de las residencias de titularidad privada.

España no cuenta con un censo exacto de las personas que viven en residencias. Se calcula que podrían ser unas 373.000. Las familias, especialmente en las zonas más urbanizadas, necesitan de este recurso porque a veces resulta imposible cuidar de los mayores. En las zonas rurales las cosas siguen siendo un tanto distintas. Sin embargo ahora, con miles de muertos a nuestras espaldas, nos damos cuenta de que la longevidad debe ser cuidada con independencia de su coste.

Una residencia es un recurso público, no importa quién sea su titular, y las personas que viven en ellas tienen derecho a una atención integral. Ahora que el Vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 dice que impondrá una carta de servicios comunes a todas las residencias españolas podría empezar por la atención geriátrica.

No hay mayor discriminación que negar la atención especializada. Y eso es algo que en España sucede todos los días, con pandemia y sin pandemia, en varias comunidades autónomas.

La Fundación Red Madre ha elaborado el "mapa" de la maternidad en España, que ha elaborado en colaboración con la Unidad de Investigación y Estudios de la Familia de la ONG Acción Familiar y del Grupo de Investigación en Políticas de Familia de la Universidad Complutense, para explicar cuáles son los niveles de protección y promoción de la maternidad en cada comunidad autónoma.

Las cifras son escandalosas. El Informe concluye que el conjunto de las Administraciones Públicas solo dedican 5,96 euros de ayuda media anual por mujer embarazada en situación de vulnerabilidad. Una cifra que ha sufrido un recorte de un 40,5% entre 2016 y 2018. No existe, además, un control detallado de los embarazos anuales registrados en España, ni cuántas, del total de 23,82 millones de mujeres españolas, son madres, o cuáles son las circunstancias en las que viven su maternidad.

La maternidad está siendo “invisibilizada” en España: no hay cifras de embarazos, las madres en situación de vulnerabilidad son ignoradas y las inversiones para promover el aborto son muy superiores a las ayudas a las mujeres durante su embarazo, el postparto o la crianza.

Por otra parte la feminización de la pobreza es un dato alarmante, especialmente en los hogares monoparentales y en aquellos con problemas de violencia intrafamiliar. El INE debe registrar y analizar estos datos para permitir una intervención eficaz. Claro que, sobre todo, es necesario superar el estúpido y nefasto prejuicio contra la maternidad de la actual agenda política.