Qué opina COPE de la educación concertada

Este 2020 ha sido aprobada, en materia educativa, la octava ley educativa en nuestro país. Con los apoyos de diversos grupos parlamentarios, PSOE y Unidas Podemos, han atacado directamente uno de los principios básicos en cualquier democracia: la elección de los padres puedan elegir el centro al que quieren llevar a sus hijos.

La ley de la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha salido adelante durante este año y sin haber conseguido el respaldo mayoritario de la cámara, una de las promesas de este Gobierno. Aprobado de forma rápida y sin el apoyo de las instituciones, la ley LOMLOE sigue su curso en la cámara alta y para el curso escolar 2021-2022 puede entrar ya en vigor en todos los niveles educativos.

Sus principales puntos son alarmantes. No permiten que los padres puedan elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos, supone un ataque a la educación concertada, que quiere ser reducida a lo mínimo, y además ataca la educación especial, llevándola a su desaparición en los próximos años.

Todo esto ha hecho que sea uno de los puntos en los que COPE haya querido incidir. A continuación, COPE repasa algunas de las líneas editoriales más importantes que se han hecho eco de una de las mayores polémicas que ha salpicado al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Los términos en los que está formulado el requerimiento del Ministerio de Educación a la Consejería de Educación de Murcia con motivo del pin parental reflejan una interpretación ideológica del derecho a la educación. El requerimiento afirma que la Consejería de Murcia ha vulnerado el artículo 27.1 de la Constitución. Ese punto uno del artículo consagra el derecho a la educación, pero se completa con todo el artículo, que en su punto dos aclara que la educación respetará los principios democráticos y los derechos y libertades fundamentales. Y en su punto tres establece que los padres tienen derecho a que los niños reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

El Gobierno de Sánchez ha hecho una interpretación en beneficio propio de esos tres puntos del artículo 27. El requerimiento considera “accesorio” el derecho de los padres a la formación religiosa y moral que elijan, mientras lo sustancial sería el derecho a la educación y el respeto a los principios democráticos.

Esta interpretación de la regulación constitucional no puede sustentarse en la jurisprudencia. Es insostenible, como pretende el Ministerio, que el derecho de los padres tenga un valor menor o un valor simplemente complementario. Los derechos siempre son poliédricos. Tan esencial es al derecho a la educación y la libertad de enseñanza, como el respeto a los derechos constitucionales y a las convicciones de los padres. En ocasiones las diferentes dimensiones del derecho a la educación pueden entrar en conflicto, pero el problema no se resuelve con interpretaciones parciales o descaradamente ideológicas.

El Gobierno aprueba este martes el proyecto de ley que modifica la ley de Educación. Es el mismo proyecto de la ministra Celaá, que no salió adelante en la anterior legislatura por que se anticiparon las elecciones. No ha habido modificaciones. El Gobierno de Sánchez aprueba un proyecto que no contó con una mínimo consenso para una cuestión tan importante como es la enseñanza. De hecho, el proyecto se redactó escuchando muy poco o casi nada a la comunidad educativa, y con prisas. El apoyo del Consejo Escolar del Estado se debió a que este organismo se forma con unas mayorías muy similares a las del Congreso.

Quizás el punto más cuestionable del proyecto es que se suprima el criterio de la demanda social para el desarrollo de los colegios de iniciativa social, la llamada enseñanza concertada. Ya en el mes de noviembre la ministra Celaá hizo unas polémicas declaraciones en las que aseguró que la libertad de los padres para elegir centro no deriva de la Constitución. Solo los apriorismos ideológicos del actual Gobierno llevan a preferir los centros públicos de gestión estatal a los gestionados por las entidades sociales. Los dos tipos de colegios conforman la red pública, y la libertad de los padres debería ser un dato a tener en cuenta.

El proyecto vuelve a quitar valor a la enseñanza de religión que es una asignatura de libre elección. No tendrá alternativa ni valor académico. Es llamativo que durante años el PSOE estuviese reclamando un Pacto de Estado para la reforma educativa y que cuando llega al poder haya rechazado buscar un gran acuerdo nacional. La enseñanza lleva en España demasiado tiempo convertida en una trinchera.

Millones de niños en España desconocen si volverán a clase. Ni siquiera tienen claros cuáles serán los criterios para pasar de curso, asunto que preocupa especialmente en Bachillerato y FP. Con un gobierno que convirtió la enseñanza en campo de batalla ideol ógico, era demasiado esperar concordia y voluntad de entendimiento de la reunión celebrada esta semana por la ministra con las Autonomías. Y, sin embargo, si algo muestra la situación actual es la necesidad de un gran pacto educativo. No sólo un acuerdo entre partidos, sino el compromiso unánime de las familias, de la escuela y de toda la sociedad por una educación más inclusiva y comprometida para construir un mundo mejor. Es lo que pretendía impulsar la cita mundial convocada por el Papa para mayo, finalmente desplazada a octubre.

La pandemia ha retrasado el proyecto, pero ha puesto de relieve aún más su urgencia. Los padres, siempre los primeros educadores de sus hijos, se están encargando ahora en los hogares de darles apoyo escolar, discerniendo qué contenido puede esperar y qué es lo verdaderamente importante en la vida. Cuentan con el apoyo de los profesores a distancia, pese a lo cual, por diversas circunstancias, muchos niños han quedado fuera del radar de la escuela. Es un asunto sobre el tendrán que actuar las Administraciones y la sociedad civil, para repescar a los rezagados. Igual que muchas familias han creado redes de apoyo, sosteniéndose mutuamente y buscando la forma de que nadie pierda el curso. Siguiendo ese ejemplo, sí sería posible un pacto educativo.

Dado que la ministra de Educación, Isabel Celaá, parece tener mucha prisa en sacar adelante su proyecto de ley educativa, un grupo significativo de instituciones implicadas en la enseñanza han lanzado una campaña en redes sociales, #StopLeyCelaá, que ha conseguido convertirse en una de las más seguidas durante las últimas horas. Esta iniciativa, a la que se van sumando las Delegaciones de enseñanza de muchas diócesis españolas, tiene como finalidad pedir la paralización de la LOMLOE, la que sería la octava ley educativa desde la Transición, una ley que la ministra Celaá quiere implantar sin el mínimo consenso.

Aprovechar el estado de alarma para agilizar la tramitacion de esta ley es un indicativo de la nula voluntad de acuerdo para una norma que debería buscar la serenidad y la eficacia de nuestro sistema educativo en el marco constitucional. Es mucho lo que está en juego en esta propuesta que pone en serio peligro, entre otros aspectos, la libertad de elección de centros, el mantenimiento de los centros de educación especial y la dignificación de la clase de religión, cuestión a la que responde la campaña #ReliEsMas. En vez de aprovechar este tiempo para buscar un acuerdo lo más amplio posible, que haga de esta ley un ejemplo de buen hacer en política, la Ministra Celaá da la impresión de querer imponer su rodillo, pero ya está comprobando que el sector y las familias no permanecen callados.

La denominada Ley Celaá, el octavo cambio legislativo en materia de educación desde la democracia, ha llegado hoy al Pleno del Congreso de los Diputados. Y como era de esperar la mayoría parlamentaria del Gobierno ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, VOX y Ciudadanos. Comienza ahora el trámite en Comisión en el que veremos la orientación de las enmiendas parciales, que difícilmente van a cambiar el sentido de esta propuesta educativa.

Una vez más se pierde la oportunidad de un pacto de Estado basado en un consenso amplio para una de las materias claves para el presente y futuro de la sociedad española.

La LOMLOE llega al parlamento sin el más mínimo consenso, no solo con el resto de las formaciones políticas sino con los protagonistas de la educación en España. Llega sesgada por un modelo que propone la distribución del alumnado por la administración, sin tener en cuenta la libertad de elección de los padres; inventa un derecho a la educación pública; olvida los derechos de los padres como responsables primeros de la educación de sus hijos; introduce un comisario político en los centros concertados; posterga la enseñanza de la Religión; impone una nueva asignatura de valores éticos que no se apoya en valores consensuados; limita la autonomía de los centros; ataca a la educación diferenciada y pone en duda la supervivencia de los centros específicos de Educación Especial.

De esta manera no se resuelven los problemas reales de nuestro sistema educativo, sino que se agravan.