La Ley de Educación, a examen: profesores, padres y algunas CC.AA critican que devalúa el nivel de exigencia

El Gobierno continúa levantando polémicas. Tras la reforma laboral, la subida de las cotizaciones y otras medidas que han generado controversia, el pasado martes otra noticia copó las portadas de los medios de comunicación. El Gobierno anunció ciertos cambios en el ámbito educativo que comprendían que los estudiantes podrán conseguir el título de la ESO con suspensos, no habrá recuperaciones y no será necesario aprobar todas las asignaturas para presentarse y aprobar selectividad. De esta manera, repetir curso pasa a ser algo excepcional y que tendrán que decir los profesores.

Esto ha levantado una gran polémica con profesores, padres y formaciones políticas mostrándose contrarias a estos cambios. Pese a esto, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, asegura que es "un nuevo sistema de evaluación que impulsa la cultura escolar basada en la confianza, el trabajo colaborativo y la participación". La opinión pública no ha comprado esta justificación de la ministra de Educación y se han sucedido las críticas de los diferentes sectores implicados. El Gobierno ha tratado de camuflar este revuelo con su táctica habitual, hablar de Francisco Franco y el Valle de los Caídos para desviar la atención, pero la sociedad continúa perpleja ante semejantes cambios.

La mayoría del profesorado y los padres se oponen

La mayor parte de la comunidad educativa se ha posicionado en contra de esta medida desde que Isabel Celaá, la anterior ministra de Educación, manifestase que estas eran las intenciones. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se opuso a estos cambios educativos al considerar que disminuye el nivel educativo de los alumnos y va a derivar en un aumento de los problemas estructurales. Además, considera esencial que se debe "hacer un esfuerzo educativo para apoyar al alumnado", en vez de rebajar el nivel de exigencia. Desde la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) aseguran que "si se permite acabar con una suspensa, lo único que se hace es devaluar la educación y medir siempre por el rasero más bajo".

Los padres son el otro sector al que influye en gran medida estos cambios. Ellos quieren que sus hijos salgan lo más preparados posible de su etapa educativa, pero si los alumnos obtienen el título independientemente de sus calificaciones, estos podrían evitar esforzarse si saben que van a obtener lo mismo. La principal queja de estos padres, y de gran parte de la sociedad, es que se pasa a no premiar el esfuerzo y la dedicación y se iguala la educación por debajo, rebajando el nivel. El presidente de la Federación de padres y madres de centros católicos (Fecamba), Jesús Jiménez, asegura en un comunicado que "no se premia ningún esfuerzo y eso va a ser contraproducente".

Las comunidades del PP recurrirán a los tribunales

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular también han criticado estos cambios educativos, que consideran que supone una rebaja en la exigencia y el esfuerzo de los estudiantes. "El Gobierno desprecia el conocimiento", asegura el consejero de Educación de Madrid, Enrique Ossorio. La Comunidad de Madrid ha sido la más crítica con estas medidas, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza. La presidenta regional asegura que usará todas las "herramientas legales" para no aplicar estos cambios que "lo único que hacen es devaluar la calidad del sistema". La intención de Isabel Díaz Ayuso es acudir a los tribunales junto a las otras comunidades que se oponen para evitar aplicar esta medida que "devalúa el sistema": Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia.

Posibles consecuencias

La línea de quejas a estos cambios educativos siguen la misma línea: empeoran el sistema educativo al igualarlo a la baja y se elimina el premio al esfuerzo. Pero otras consecuencias alertan a los que se oponen a esta medida.

Este descenso del nivel educativo puede provocar un aumento de la desigualdad social, ya que las clases pudientes podrán completar la formación de manera extraescolar para no disminuir su aprendizaje. Sin embargo, las clases humildes tendrán que conformarse con un sistema educativo que no premia el esfuerzo y, por tanto, más posibilidades de que el aprendizaje sea menor. En este sentido, la Asociación Nacional de Profesores Estatales (ANPE) asegura que "el alumnado de la enseñanza pública será el más perjudicado por esta medida, fundamentalmente el de las clases sociales más desfavorecidas, pues este alumnado no podrá compensar los déficits de aprendizaje por otro medio distinto. Aumentará aún más la brecha social y minimizará las posibilidades de la enseñanza pública como ‘ascensor social' para los grupos de alumnos más desfavorecidos".

Además, estos cambios serán adaptados por cada comunidad autónoma por lo que rompe el principio de unificación de las exigencias educativas y podrá generar 17 reglamentos distintos más los dos de las ciudades autónomas.