Los planes de Sánchez para blindarse al frente del PSOE o el estallido de Clavijo contra el Gobierno, entre las claves del día

Los planes de Sánchez para blindarse al frente del PSOE, ¿qué dice la prensa?

Sánchez, escribe Jesús Rivases, ha retado a los críticos a que den la cara en el Congreso, lo que supondrá sin duda su condena. Y añade que “puede salvarse Emiliano García Page por aquello de que dirán y porque es un corcho político. Alinear al PSOE dice el Mundo, supondrá el relevo y, por tanto, la defunción política para los líderes del partido en Castilla y León, Madrid, Andalucía y Aragón.

En el PSOE, añade el Mundo, dan por hecho que la disconformidad con la financiación singular pactada para Cataluña estará en el Comité Federal del PSOE de este sábado. Añade El Mundo que El PSOE pide agallas a Page para mostrar su propuesta fiscal y Castilla-La Mancha responde que se la envío a Hacienda en 2022.

El debate de la financiación, recién iniciado, está en todos los periódicos. Recoge la Vanguardia la promesa del líder de los populares. Si finalmente se aprueba, Feijóo derogará la nueva financiación catalana cuando llegue al gobierno.

El País subraya la orden del líder de los populares, rechazar que sus barones negocien sistemas de financiación propios con el gobierno. Pese a ello, dice Expansión, el gobierno cree tener un as en la manga, condonar parcialmente la enorme deuda que las comunidades autónomas han acumulado. desde la pandemia.

Un estudio de FEDEA calcula que los intereses de esa deuda autonómica se va a triplicar hasta el 2027, desde los 3600 millones de euros actuales hasta los 12 mil millones de euros. Y gran parte de esa deuda la tienen las autonomías con el estado a través del fondo de liquidez autonómica.

Clavijo explota contra Sánchez

También en la prensa, el presidente canario, Fernando Clavijo, que explota contra Sánchez por desentenderse de la inmigración. 

Canarias prevé llevar la presión migratoria a los tribunales, titula El País. El Presidente canario, Fernando Clavijo, prevé llevar la presión migratoria a los tribunales. Pide a sus servicios jurídicos explorar todas las vías, hasta lo penal, para que el Estado sea responsable de los menores solos. Canarias recibió a 6267 migrantes en julio y agosto, una cifra record.

Destaca El Mundo que Canarias exige a las ONG que no acojan a más migrantes sin permiso. El razonamiento del gobierno canario es claro: un migrante que el estado recoge en alta mar no tiene porqué ser llevado sistematicamente a las islas. Si no están en situación de abandono, no son competencia de las autonomías.

Dos opiniones a propósito de esto. Julián Quirós, el director de ABC, dice que hay dos fórmulas infalibles en la política europea actual. La primera, clamar contra la ultraderecha, como hace en España Pedro Sánchez.

La segunda criminalizar la inmigración a la que se apunta Vox. Control de frontera sí, pero también establecer todos los años amplísimos cupos de entrada legal. Si mañana se cumple el sueño de Vox y desaparecen los inmigrantes, la economía española deja de funcionar. Ve margen Víctor Lapuente para un acuerdo entre PSOE y PP. De jure la responsabilidad es del estado, pero de facto son las autonomías las que se encuentran con los migrantes. Quiera o no, el fracaso o éxito de la migración será tan socialista como popular.

pOSIBLE ACUERDO PARA EL PODER JUDICIAL

También en la prensa, el acuerdo parece más cercano para la presidencia del Poder Judicial

Podría anunciarse hoy mismo. No está cerrado por completo, pero El Mundo y el Periódico adelantan que la magistrada de la sala de lo contencioso del Supremo Isabel Perelló será la elegida como Presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Un acuerdo que llegara después de abrir la lista de candidatos y buscar fuera del Consejo.

Aunque haya acuerdo, el rastro que deja el sanchismo en las instituciones que acosa es el desprestigio y la desconfianza, denuncia el editorial de ABC. Todo este episodio,añade, vuelve a dar la razón a Bruselas, que sucesivamente ha conminado a España a proteger la independencia del órgano que rige el gobierno de los jueces.