Contratos para el suministro de material sanitario al inicio de la pandemia: ¿legales?, ¿se hizo todo bien?

Dos años después se están se están conociendo las comisiones millonarias que cobraron algunos empresarios que hicieron de intermediarios en los contratos de compra de material sanitario en lo peor de la pandemia. El caso de Luis Medina con el Ayuntamiento de Madrid nos vuelve a poner en el escenario que vivíamos en marzo, abril y mayo de 2020.

Aquello era un auténtico mercado persa y cada dos por tres había pedidos de comunidades autónomas anulados, pedidos que hacía el Gobierno y no llegaban.

El 25 de marzo de 2020. En estos mismos micrófonos, Carlos Herrera entrevistaba a Ángel Díaz, empresario español en China, que trababa que las mascarillas demandadas por los sanitarios llegaran a España.

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Un empresario español en China dice que Sanidad erró al unificar los encargos de mascarillas

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Ese era el escenario que describía este empresario, diferentes comunidades autónomas y algunas empresas que eran proveedoras oficiales de las autonomías y del Gobierno intentaban traer las mascarillas y el problema estaba en que de China no salían grandes partidas. La dificultad no estaba en conseguir las mascarillas, sino en que se respetaran las reservas y finalmente llegaran.

Pero hay más, si recuerdas aquellas semanas, las partidas no llegaban a nuestro país e incluso algunas que sí lo hicieron, vinieron defectuosas. De ellas hablaba el 23 de abril de 2020 en el Congreso de los Diputados Salvador Illa, en esos momentos ministro de Sanidad

¿Cómo era ese ‘mercado persa’ que se vivió en China en la primera ola de la pandemia? Carlos Ortega es gerente de Valentia Medical, empresa de distribución de material sanitario que está en Torrent, Valencia. Carlos fue una de las personas que intentó traer mascarillas a España desde China en aquellas primeras semanas de la pandemia.

Carlos nos dice en 'Herrera en COPE' que “conocemos el mercado chino porque con otra de nuestras empresas importábamos mucho material textil y teníamos contactos allí”. Sin embargo, recuerda que “la situación que se vivió en aquel momento, era increíble. Todo el mundo buscaba mascarillas, empresa, ayuntamientos, todo el mundo quería mascarillas por la necesidad obvia”.

Recuerda Carlos que, durante aquellos días, “intentabas cerrar un precio y al día siguiente te lo subían, o te decían que no te podían servir el material solicitado porque habían colapsado la fábrica con pedidos muy superiores”. Por eso, en su empresa decidieron “traer una máquina y empezar a fabricarlas aquí en España y salvar la incontingencia que teníamos”.

A Carlos no le extraña nada las cantidades que se llegaron a pagar por aquel entonces por las mascarillas y nos dice que “cada uno es muy libre de comprar y vender y ganar su margen de beneficios”, eso sí resaltando que “siempre que no haya nadie de por medio que se lleve comisión y esa comisión sea ilícita”. Como nos explica, los precios cambiaban diariamente, “lo que hoy podías comprar por 70 céntimos, mañana lo tenías a 1,20 euros”.

Carlos señala que el “problema no era el precio, era tener materiaL, conseguir material, no solo las mascarillas sino también las EPI”.

Habla Carlos de una inflación de material por la situación en la que se estaba viviendo en todo el mundo “un momento complicado que a todos nos pilló desprevenidos”, concluye Ortega, gerente de Valentia Medical.

Y con todo eso, como siempre, hubo gente que actuó de buena fe, con el objetivo de ayudar a conseguir ese material en un momento tan excepcional. Pero también hubo otras personas que se aprovecharon de la situación para sacar beneficio propio. Ahora, en esto está la Justicia. Están apareciendo muchas investigaciones y denuncias por la realización de contratos que podrían ser irregulares. El tema se ha convertido en una cuestión política y las administraciones se culpan entre ellas por los contratos realizados en aquellos meses.

No eran contratos comunes porque todos se realizaron por medio de la tramitación de urgencia que contempla la ley de contratos del sector público. La catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, Pilar Bensusan, nos lo explica así “son contratos excepcionales previstos exclusivamente para situaciones extraordinarias, están por tanto, previstos en la ley para acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional. La pandemia del covid sería un efecto incluido a efectos de poder acudir a la contratación de emergencia”.

Esta forma de contactar permite adjudicar contratos de forma rápida. Es la adjudicación directa de un contrato con una empresa, sin concurso público previo y la diferencia con la contratación normal y habitual estriba en “en los supuestos excepcionales en los que se aplica y en su procedimiento de tramitación y adjudicación mucho más ágil. Pero, hay que tramitar un expediente de contratación”.

En estas semanas, la figura que está causando una mayor polémica es la del comisionista. ¿Es legal su figura? ¿En qué supuestos puede incurrir en responsabilidad? ¿Recibir una comisión es ilegal? Y así nos responde Bensusan “que las empresas privadas que contrata en supuestos de emergencia quieran pagar comisiones a personas particulares es legal, no la administración. La responsabilidad en la que puede incurrir la administración pública estaría supeditada a la comisión de regularidades administrativas en la contratación o penales mediando los delitos de prevaricación, cohecho o malversación de fondos públicos”.

Lo que está claro es que el tema ha cogido unas connotaciones políticas muy serias. Cada vez hay más investigaciones y denuncias serias.

Por un lado, está el tema de las comisiones del contrato de Tomás Diaz Ayuso, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La primera en abrir diligencias fue la fiscalía anticorrupción. A finales de febrero, inició la investigación a raíz de las tres denuncias presentadas por el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid. Pretendía determinar si hubo una intervención de Ayuso para favorecer a la empresa adjudicataria y por tanto delitos de tráfico de influencias o negociaciones prohibidas.

Con la investigación ya encaminada, la Fiscalía Europea reclamó hacerse con las investigaciones ya que consideró que el delito que se discutía podría ser una posible malversación de fondos de la Unión Europea. Ahora mismo, en este caso encontramos una anomalía, ya que tanto la Fiscalía anticorrupción como la europea están llevando a cabo las investigaciones de forma paralela.

Pero hay otro caso en el que la fiscalía ya si se ha querellado. Acusa a 2 empresarios: Luis Medina y Alberto Luceño de supuestamente llevarse cerca de 6 millones de euros en comisiones por traer material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. 6 millones de comisiones por intermediar entre empresa y administración. Una intermediación que en el caso de Luis Medina consistió en enviar 2 correos electrónicos. Y, por si fuera poco, el material que trajeron resultó ser de mala calidad.

Con esa gran comisión, los 2 empresarios se compraron artículos de lujo: un velero, un rolex, un piso, que ahora podrían ser embargados. Los 2 están llamados a declarar el próximo 25 de abril.

Esta situación está afectando a todas las administraciones. Un juzgado de Madrid investiga a 3 altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude, en la compra de material sanitario.

El tiempo y la Justicia dirán lo que pasa con todos estos casos. Tendrán que quedar claras las relaciones entre empresas y administraciones. Y si realmente hubo personas que se aprovecharon de una situación tan difícil para sacar tajada