Jueces sobre la Ley del ‘solo sí es sí’: “Es inevitable la rebaja de penas impuestas con la anterior Ley"

Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), uno de los tres ponentes del informe emitido sobre la Ley del ‘solo sí es sí’ de Irene Montero, explica en ‘Herrera en COPE’ algunas de las cuestiones más importantes que se encontraron en la Ley.

La primera de ellas, señala el jurista, “la determinación de qué penas se pueden establecer, a qué penas se puede condenar por un delito a las es que establece el Código Penal y lo hace estableciendo unos límites: un límite superior y otro inferior. Y, dentro de esos márgenes, el juez goza de cierta libertad para fijar su extensión”, aclarando en este sentido que el juez goza de “cierta libertad porque hay una serie de reglas, que en función de que concurran o no, atenuantes o agravantes se puede modificar”.

La retroactividad es otra de las cuestiones a tener en cuenta en esta ley, que tal y como destaca Fernández “las leyes, en principio, no tienen eficacia retroactiva, no pueden aplicarse para supuestos cometidos con anterioridad”. Sin embargo en la ley del ‘solo sí es sí’, subraya el jurista la excepción que tiene “cuando se trata de normas favorables y esto que tiene un fundamento constitucional en el ámbito del Derecho Penal (recogido en el artículo 2), así de este modo alguien que fue juzgado y condenado al amparo de la legislación derogada, se beneficia de la menor pena que establece en la nueva”. Para el jurista “es una ingenuidad o error esperar que el Supremo resuelve las dudas que plantea la nueva regulación o avale la reforma en sus primeras decisiones”

Como ponente del informe, además de destacar “la ausencia de una disposición transitoria” resalta que con esta Ley “lo que resulta impepinable e inevitable es la rebaja de penas impuestas con la anterior Ley que excedan del límite máximo de la nueva normas”. Y nos pone el siguiente ejemplo, “de una condena de 10 años, si el límite máximo que la nueva ley establece para ese mismo delito con la regulación actual es de 8, la pena de 10 ha de rebajarse”. Por lo que Juan Manuel Fernández concreta “esto no hay disposición transitoria que pudiera evitar esta rebaja porque es una ley más favorable”.

A este respecto, señala el jurista que “estamos ante una materia que exige un análisis individualizado, muy particular del caso concreto, ya que son distintas las circunstancias de cada supuesto” por lo que a la hora de “resolver las dudas interpretativas que plantea el análisis comparativo entre la nueva regulación y la anterior es una cuestión que habrá que ir caso por caso y que en ningún supuesto va a eximir del análisis de aquellas condenadas que fueron impuestas al amparo de la legislación anterior”.

Ataques a los jueces

Durante estos días con motivo de la ley del ‘solo sí es sí ‘desde el Gobierno y otros altos cargos de la Administración se han emitido calificaciones hacia los jueces que Fernández tacha de “intolerables”.

Considera el vocal del CGPJ que “se han vertido calumnias, se han hecho insultos con una finalidad esculpatoria que, por añadidura, minan la confianza que tienen los ciudadanos en la Justicia”, resaltando como consecuencia y gravedad de ello que responde“ no solo a r razones institucionales sino por algo esencial que se dice defender que es la protección de las víctimas”.

En este sentido, señala que “en el ámbito la violencia contra las mujeres hay un aspecto esencial: Hay que generar confianza para que las mujeres denuncien ya que son unas cuantas que no lo hacen por miedo”.

Y por último, manifiesta que “no es verdad que haya impunidad en la investigación y castigo en los delitos de la violencia contra las mujeres”

Delito de sedición

En cuanto a la modificación del delito de sedición, explica el juez que “de derogarse esta conducta, aquellas personas que fueron condenados por haber realizado los hechos configuradores, se beneficiarán”.

Y añade “se dice que es una modificación, pero en realidad parece que lo que va a ocurrir, si se aprueba al menos en los términos en los que se ha planteado, es su desaparición”.

Por otro lado, ha recordado que la reforma de este delito “no ha sido informados por nosotros” y que se ha hecho una petición para “solicitar al legislativo que, antes de iniciar la tramitación, pida informe a los órganos consultivos”.