¿Qué es la Comisión de Secretos Oficiales? ¿Quiénes la constituyen? ¿Qué documentos se comparten?
Te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta Comisión
Madrid - Publicado el - Actualizado
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Muy caldeado ha estado esta mañana el ambiente en el Congreso de los Diputados por el supuesto espionaje a más de sesenta políticos independentistas a través del sistema Pegasus, el software que supuestamente pinchó el teléfono de esos políticos.
Pedro Sánchez y la ministra Margarita Robles no han parado de defender toda la mañana la actuación del Centro Nacional de Inteligencia.
Sabemos cuándo empezó todo pero no sabemos cómo acabará y con quién acabará porque los socios del Gobierno siguen pidiendo depurar responsabilidades. Hasta cuatro preguntas ha respondido hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre este asunto. Y el titular que nos ha quedado a todos es esa pregunta que ha lanzado:"¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia?
Eso hoy, pero ayer Robles ya se comprometió a dar explicaciones una vez se reconstituya la comisión de secretos oficiales. Aprovechó para defender el ejecutivo de Sánchez y atacar de manera indirecta a los independentistas.
El PSOE, con la ayuda de sus socios, va a cambiar la forma de componer esa mesa. Y va a permitir que partidos como Bildu accedan a todo el contenido reservado.
En ‘Herrera en COPE’ te contamos ¿qué es realmente esta Comisión? ¿Qué tipo de información trata? ¿Hasta qué punto están obligados los diputados a guardar secreto? Y lo más importante, ¿qué pasa si desvelan los contenidos?
Cuando hablamos de una Comisión de Secretos Oficiales a muchos se nos puede venir a la cabeza una película de Hollywood, donde altos representantes se sientan y discute sobre códigos, guerras, intereses, algo que hemos visto en muchas ocasiones. En síntesis, un secreto oficial es algo muy ambiguo, de hecho, la ley que los rige es preconstitucional, exactamente del año 68. Los cataloga como materias clasificadas, y lo enfatiza diciendo que si alguien supiera estos datos, informes, asuntos, la seguridad de la defensa del país estaría en peligro.
Una descripción que, cree Ana Aba, profesora de derecho constitucional y experta en la investigación de la seguridad nacional, puede servir para esconder muchos documentos que deberían poderse ver de manera pública porque “sí que muchas informaciones deberían estar abiertas al acceso público, dar efectividad al derecho fundamental de acceso a la información pública”.
Vamos a poner un ejemplo. El Gobierno de Sánchez, cuando en 2020 Vox pidió información sobre quienes habían acompañado al presidente en algunos viajes en Falcon que había realizado, dijo que era “materia clasificada”. Y hay que recordar que uno de esos viajes tuvo como destino La Mareta, donde veranea Pedro Sánchez con su familia.
Por otra parte, la diferencia que tenemos con el resto de países europeos es clara. Un ejemplo: en España un contenido clasificado se queda oculto prácticamente de por vida, porque no hay vías establecidas para hacerlos visibles, mientras que en muchos otros salen a la luz de forma automática cuando cumplen 50 años.
Y ¿cuál es la situación actual de la Comisión de Secretos Oficiales? Pues a pesar de tener que reunirse cada seis meses, lleva tres años sin hacerlo. Y ¿por qué? Por el reparto político que tenemos ahora mismo.
La cantidad de partidos y su variedad han hecho que se veten unos a otros continuamente, y con este pretexto, el Gobierno acaba de rebajar la mayoría necesaria, dándole entrada a partidos como Esquerra Republicana, BILDU o la CUP.
Hoy mismo se ha publicado en el BOE esta reforma de la mayoría. Con este panorama en escena y dando acceso a los independentistas a conocer mucha información sensible de nuestro país hay muchos riesgos, tal y como apunta Ana Aba “resulta obvio por las materias de alto voltaje con las que se trabajan porque estamos hablando de acceso a informaciones que afectan a la seguridad nacional y porque pondrían en serio riesgo y peligro la seguridad de determinadas personas o relevar la identidad de miembros de la comunidad de Inteligencia”.
En el caso de que algún diputado revele información y se pruebe iría a la cárcel. Pero no todos los miembros pueden acceder a la documentación secreta para examinarla o tomar notas. Aunque hay que destacar que no es cada grupo quién elige a su representante en la Comisión, sino que se vota en pleno. Claro, esto es muy importante, que cada representante haya recibido el respaldo mayoritario de la Cámara. Aunque, tal y como nos cuenta Ana Aba, hay materias y procesos de actuación que ni si quiera saben quiénes están sentados en la mesa, “la seguridad jurídica también está encima de la mesa. El no revelar determinadas informaciones que pueden poner en riesgo la seguridad del Estado y, por eso, se limita el conocimiento incluso a sus señorías?
Después de que tanto PP como PSOE se hayan cruzado vetos durante los últimos 3 años, el Gobierno va a cumplir uno de sus compromisos con la Generalitat de Cataluña, incluir en esta comisión a los partidos que forman el Govern catalán, ERC y Junts, y también a otros partidos vetados por la derecha, como EH Bildu.
Para conocer más a fondo qué se mueve dentro de esta Comisión, hablamos con Soraya Rodríguez, actual eurodiputada por la delegación de Ciudadanos y antigua miembro de la Comisión de Secretos Oficiales que nos explica que en esta Comisión se da cuenta de los gastos reservados, una partida presupuestaria que se controla en esta Comisión que amplió sus competencias precisamente en la ley que crea el CNI para que se pueda dar cuenta al Congreso de los Diputados sobre información sensible, información que tiene que ver con la Inteligencia del Estado, que indudablemente afecta claramente a la seguridad del Estado”.
Por otro lado, señala Soraya las obligaciones que tienen los diputados que “tienen un deber muy claro de diligencia en el mantenimiento de la reserva y del secreto y ser absolutamente conscientes de que estamos manejando contenido sensible, tan sensible porque afecta a la propia seguridad del Estado y afecta también a la propia seguridad y al trabajo que realizan nuestros servicios de Inteligencia”.