Unión Internacional de Magistrados: "No puede prostituirse la libertad de expresión para justificar las amenazas al juez Llarena"

Ramón Rodríguez Arribas, presidente honorario de la Unión Internacional de Magistrados, ha sido entrevistado este miércoles en ‘Herrera en COPE’ después de que la institución condenara las amenazas que colectivos independentistas han dirigido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del 1 de octubre.

“La Unión Internacional de Magistrados es una organización de carácter mundial que agrupa a 100 asociaciones de jueces y que representa a 200.000 jueces de los cinco continentes”, ha dicho el jurista para incidir en la importancia de la repulsa a los agravios, que según ha manifestado solo buscan “acabar con la independencia judicial”.

En este sentido, ha señalado que las pintadas aparecidas en la casa de Llarena, que tachan al magistrado de fascista por haber ordenado el procesamiento de los artífices del golpe, no pueden circunscribirse dentro del derecho a la libertad de expresión. “No se puede prostituir” este derecho hasta el punto de que sirva de paraguas para “insultar a un juez o amenazar de muerte a alguien o a su familia. Eso es inaceptable”, ha afirmado.

“Lo triste del asunto es que no solamente han sido ciudadanos enloquecidos, hemos visto a un grupo de alcaldes con los bastiones de mando enarbolando esa falsa autoridad” para intentar presionar al Poder Judicial, ha manifestado, lo que a su juicio es un atentado gravísimo contra la división de poderes. “Se ha producido una tergiversación de la función de la autoridad”, ha explicado.

En este sentido, ha criticado al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, que ha dicho que Llarena está secuestrando la voluntad de la Cámara. “Es una cosa increíble que una persona diga esa atrocidad”, ha afirmado. “Cualquier persona que comete un hecho delictivo o una irregularidad tiene que ser juzgada por un tribunal competente. No verlo es dar un paso atrás gigantesco en perjuicio de la igualdad de todos los ciudadanos”, ha zanjado el jurista.