Marc Vidal habla en su 'Salida de Emergencia' sobre la Zona de Bajas Emisiones de Madrid. En concreto, recoge lo que dice la asociación de Transportistas Autónomos.

El analista económico explica que, según ellos, "las Zonas de Bajas Emisiones en Madrid, y otras ciudades, están poniendo en peligro la supervivencia de estos trabajadores, ante la imposibilidad de rentabilizar la compra de nuevos vehículos adaptados a las normativas medioambientales.

"A partir del 1 de enero de 2025, Madrid comenzará a multar con 200 euros a los vehículos sin la certificación ambiental exigida. La antigüedad de los vehículos de los transportistas autónomos es un factor crucial en este asunto. Estos vehículos, utilizados para recorridos cortos, tienen una vida útil prolongada y se amortizan a lo largo de más años que un camión que vaya a Polonia, por ejemplo", explica.

Además, la edad media en este sector debe ser alta y "eso agrava la situación. Más del 60% de los transportistas que utilizan estas zonas protegidas, superan los 55 años. Para estos profesionales, la inversión necesaria para renovar sus vehículos, se dispara hasta los 80.000 euros, lo que es difícilmente amortizable antes de su jubilación".

Quienes marcan estas medidas no cuentan con estos detalles económicos, "solo hablan y hablan de ‘lo que nos conviene para luchar contra el cambio climático’. No tienen en cuenta que la transición verde tiene que tener en cuenta el concepto del “capital amortizable”. Es decir, la recuperación de la inversión en un activo a lo largo de su vida útil".

En el caso de los transportistas autónomos, "la amortización de un nuevo vehículo es un desafío imposible debido a su edad media, la proximidad a la jubilación y la tipología de trayectos que hacen. La imposición de nuevas normativas ambientales, sin un período de transición más amplio, es una injusticia notable".

Hay otro ejemplo de como se legisla en Europa. "Resulta que para amortiguar esta transición, el Ayuntamiento de Madrid dispone de un Plan de Ayudas solo para los domiciliados en la capital, cuando la mayoría de estos transportistas son de poblaciones cercanas", cuenta.

Y esto no puede afectar al comercio. "Claramente, porque más del 70% de la flota actual de distribución urbana de mercancías se vería afectada. Especialmente en sectores que son clave para nuestra economía actual: el turismo, el comercio, la hostelería y la mayoría de servicios",

Concluye indicando que "este es el típico caso de legislar de espaldas a la realidad. Una política inspirada en imposiciones europeas que están creando más perjuicio que beneficios. A veces parece que quienes deciden estas cosas, se reúnen cada mañana para ver como nos fastidian el día a todos".