Diego Garrocho: "Alterar la estructura del Estado y vulnerar la soberanía territorial es mucho más que una medida antijurídica"

¿Todo lo legal es justo? La pregunta q es muy antigua, tanto como antígona. Y forma parte de uno de los debates más fundamentales, no solo del ámbito del derecho, sino también de la ética e incluso de la política. Durante la tramitación de la ley de amnistía, gran parte de nuestra atención mediática se centró en una discusión técnica sobre la compatibilidad de la medida con la Constitución, esa medida con la que Sánchez logró comprar su investidura. Y eso que hasta once ministros habían suscrito su inconstitucionalidad. 

Sin embargo, en cuanto fue necesario, esos mismos once ministros, entre los que se contaba algún reputado jurista, rápidamente enmendaron su propio parecer. El tema se retoma ahora con la cesión de la gestión de la inmigración a la generalitat. Algunos andan ahora revisando artículos de la Constitución o desempolvando las declaraciones de Pilar Alegría o Grande Marlaska, donde destacaban que la gestión de la inmigración y las fronteras son competencias exclusivas del Estado. Exactamente lo mismo que dice Puigdemont.

Creo sin embargo que es un error reducir la pregunta a su dimensión jurídica. Lesionar la Constitución es un mal al que se puede acceder siempre y cuando se tenga el control del Tribunal Constitucional, 7-5, y eso convertiría en legal aquello que el propio Tribunal consideró ilegal en 2010.

Pero alterar la estructura del Estado, vulnerar la soberanía territorial y quebrantar la igualdad entre las distintas comunidades autónomas es algo mucho más que una medida antijurídica. Es, sobre todo, una medida profundamente injusta hecha a la medida del interés de una sola persona, o bueno, de dos.