Diego Garrocho: "Que Sánchez hable de 'su fiscal' demuestra hasta qué punto la injerencia del Gobierno en el Ministerio Público es un hecho"

¿Debe un alto cargo del gobierno pronunciarse sobre investigaciones judiciales en curso? Pues que tengamos que hacernos esta pregunta constituye ya de alguna manera un fracaso democrático. Cualquier persona mínimamente alfabetizada en los fundamentos del Estado de Derecho conoce la necesidad de separar el poder ejecutivo del poder judicial. 

Hasta hace muy poco las referencias a lawfare las habíamos visto solo en otras latitudes y en España todos o casi todos los agentes públicos habían asumido su leal sometimiento al imperio de la ley. Sin embargo, de un tiempo a esta parte hemos naturalizado que haya políticos enmendando la acción de la justicia o dando su opinión sobre la labor de jueces concretos. Hoy mismo el ministro del Interior y el de Justicia han cuestionado el auto del Tribunal Supremo que vincula al fiscal general del Estado con la filtración de secretos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, presidenta que tampoco renuncia a ella misma a sugerir conspiraciones cuando el juez a quien investiga es a Nacho Cano. 

Seamos francos, sobre la fundamentación jurídica de una resolución o sobre la labor de un magistrado cualquier ciudadano podría pronunciarse. Cualquier ciudadano menos el ministro de Justicia, ya que su mera expresión de por donde cree que debe encaminarse la investigación constituye una orden pública en toda regla. Un ministro de Justicia que fija posición sobre una investigación en curso inevitablemente está intimidando al juez que instruye la causa. Esta injerencia no solo es injustificable sino que además es extraordinariamente torpe. 

Que el gobierno en bloque se dedique a defender al fiscal general del Estado en una causa judicializada y que apunta ya a la Moncloa es la estrategia más desmañada que podría imaginarse si de verdad quisieran proyectar una apariencia de imparcialidad en García Ortiz. Esta reacción no hace más que evidenciar la proximidad que existe entre la Fiscalía General del Estado y el Ejecutivo, aunque es cierto que ni siquiera el presidente Sánchez disimula pues es capaz de decir que el Gobierno confía en su fiscal. Ese pronombre posesivo que Pedro Sánchez el otro día empleó sin pudor alguno demuestra hasta qué punto la injerencia del gobierno en el Ministerio Público es un hecho, una injerencia que desafortunadamente muchos están dispuestos a legitimar.