Correas:"El Gobierno puede pasar de un sistema imperfecto para la independencia judicial a un sistema nefasto"

Seguimos a la espera de que Sanidad concrete el próximo miércoles, en una reunión con las comunidades autónomas, el nuevo borrador que unificará criterios a la hora de aplicar restricciones. Se supone que será, ahora sí, una misma norma para todos. 7 meses después de estallar la pandemia se atisba, por fin, un marco común de actuación. 7 meses después.

El borrador tiene una clave en el calendario, si el miércoles sale por consenso en la interterritorial de Sanidad, el ministro Illa podría quitarse el incómodo trámite de prorrogar el estado de alarma en Madrid ya que caduca el viernes y tendría que aprobarse en el Congreso, un trámite que no tiene para nada garantizado.

Si sale adelante, en principio, establecerá 4 niveles de riesgo en función de la Incidencia Acumulada por cada 100.000 habitantes; riesgo Bajo, Medio, Alto y Extremo. Si se aplicara ahora mismo, al menos 5 comunidades estarían en riesgo Extremo. Navarra, Madrid, Castilla y León, Aragón y La Rioja, otras 5 en riesgo alto.

Tan solo 2 regiones se quedarían en riesgo bajo, Cantabria y Galicia. Por cierto, que la región gallega será la primera que permita que las farmacias puedan realizar test serológicos rápidos. Si dieran positivo, serían derivados para hacer una prueba PCR que confirmara si hay o no infección. La Xunta trata así de descongestionar los centros sanitarios.

Y ahora que hablamos de situaciones de riesgo alto, la de la independencia judicial si el Gobierno saca adelante la reforma que ha anunciado para elegir a los jueces del Consejo General del Poder Judicial.

El actual sistema para renovar el Consejo General del Poder Judicial no es ni mucho menos perfecto. Obliga a que los partidos políticos se pongan de acuerdo a la hora de elegir los magistrados que integrarán el órgano de gobierno de los jueces. Que sea el poder político quien elija a los jueces del CGPJ siempre ha sido motivo para cuestionar hasta dónde llega la independencia judicial. Pero siendo un sistema imperfecto lleva funcionando desde 1985 y obliga al acuerdo, cuando lo hay, porque llevamos 2 años sin la renovación necesaria.

Como alternativa, el Gobierno de coalición quiere pasar de un sistema imperfecto para la independencia judicial a un sistema nefasto. El gobierno propone que si no hay acuerdo se pueda aprobar el nombramiento de los jueces con una mayoría absoluta en el Congreso.

Es decir, que el Gobierno de turno podría nombrar a los miembros del Poder judicial sin tan siquiera pactarlo con la oposición. Esto sería una injerencia plena del ejecutivo en el poder judicial, algo que ha motivado que la Unión Europea de un serio toque de atención a España.

Podemos nunca ha ocultado esta “patita” de controlar a los jueces. Es ya viral el vídeo de 2016 en el que el propio Sánchez aprovechaba un mitin en Andalucía para alertar de las intenciones de Podemos. En 4 años hemos pasado de denunciarlo en un mitin a asumirlo como propio.

La intención de cambiar la elección de los jueces para el CGPJ es algo que ha provocado un terremoto a todos los niveles. Dos de las asociaciones mayoritarias de jueces ya se han plantado y no asistirán a las reuniones con el ministerio de Justicia hasta que no se retire la proposición de Ley.

Desde la Unión Europea han dado un serio toque de atención al Gobierno español y le ha quedado en evidencia con la cacicada.

El efecto ha sido que el presidente Pedro Sánchez ha salido en rueda de Prensa desde Bruselas para echar el freno. No es que haya abandonado la reforma que pretende, pero sí que ahora tiende la mano al PP. Y el PP tampoco lo pone fácil y replica que cualquier acuerdo no puede contar con Podemos y que los vocales del Consejo General del Poder Judicial se designen de una lista que propongan los propios jueces.