Ángel Correas: "Si Superman tenía la Kriptonita como debilidad, Super Sánchez tiene la suya: la fonoteca"

177 años de prisión. Es lo que pide, en total, la Fiscalía del Tribunal Supremo para los implicados en el golpe separatista en Cataluña. 116 es lo que solicita la Abogacía del Estado a esos mismo implicados. Los hechos son los mismos, los implicados también pero la acusación diferente.

Hay una diferencia de criterio jurídico pero también la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, puede tener tiene una nada descartable motivación política en el trasfondo de Pedro Sánchez y los equilibrios de poder con los separatistas.

La divergencia sustancial entre ambos escritos se basa en la diferencia entre Rebelión y Sedición. El primer delito más grave que el segundo y el ejemplo más claro es el del ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. La Fiscalía reclama 25 años de cárcel y la Abogacía 12.

La clave es la siguiente; la Fiscalía del Supremo habla de Rebelión en los principales implicados, empezando por Junqueras, los Jordis y pasando los ex consejeros Turrull, Rull, Forn o Romeva y terminando por la cúpula de los Mossos con Trapero al frente.

Para que haya Rebelión, el principal requisito es el uso de la violencia. De hecho, la Fiscalía cree que en su plan para conseguir la Independencia los promotores acordaron utilizar “todos los medios que fueran necesarios”, incluido ese, el uso de la violencia.

La Fiscalía ha sostenido siempre este criterio y lo mantiene. Quien ha variado ha sido la Abogacía del Estado. Ha pasado de sostener la Rebelión a rebajar la acusación a Sedición. En esta línea ahora, la Abogacía del Estado, que depende del gobierno de turno, reduce la violencia a incidentes de orden público. Es más, la Abogacía no cita la palabra violencia ni una sola vez en su escrito de acusación.

Conclusión; la Abogacía del Estado solicita 61 años MENOS de cárcel de lo que pide la Fiscalía.

Y eso sin olvidarse de la supuesta todavía malversación de dinero público que se gastó en la preparación y propaganda del referéndum del 1 de octubre. Más de tres millones de euros en un acto declarado ilegal.

En todo ese asunto, el gobierno ha negado cualquier influencia pero la actuación de la Abogacía resulta un reflejo del cambio de criterio del propio Pedro Sánchez.

Es un sonido ya viral. Este es el actual presidente del gobierno hace cinco meses, en mayo, cuando todavía estaba en al oposición... defendiendo la rebelión de los implicados:

“Lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión. Yo creo que, lógicamente, lo es”.

Ahora lo niega... igual que ha hecho Abogacía. El cambio de criterio de Sánchez al llegar a la Moncloa es tan evidente que para intentar justificar el bandazo del Presidente del Gobierno, la mutación de pensamiento en 6 meses, la vicepresidenta Carmen Calvo se ha agarrado a una explicación que roza lo infantil o el surrealismo...

“El presidente del gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña... Eso fue el pasado mayo... Pasado mayo. Usted me ha preguntado por el presidente del Gobierno y respondemos ahora de la posición del Gobierno que es la que es” .

No es broma. Esto también le pasa a Superman o a Batman. Al enfundarse el traje de presidente, Pedro Sánchez se ha visto revestido de los súper poderes del Estado y ha cambiado de identidad. Aparece su otro yo... como Super López o mejor dicho, como  Super Sánchez. Y si Superman tenía una debilidad, que era la Kriptonita, Super Sánchez tiene la suya, que es la fonoteca.

Ya fuera de bromas, ¿de verdad la vicepresidenta del Gobierno espera que se compre este argumento? ¿todo vale para negar la evidencia?

A todo esto, ¿qué dicen los independentistas? No hay que tener demasiada imaginación. Hablan de falta de libertades, Estado opresor y tras conocer la petición de cárcel para los presos, el presidente de la Generalitat, Quim Torra llama a Sánchez “cómplice de la represión” e insiste en que no apoyarán los presupuestos en el Congreso.

Por cierto que el gobierno sigue dejando la puerta abierta al indulto como una salida y PP y Ciudadanos pretenden modificar la el para que no se pueda aplicar a casos de sedición o rebelión...