Fernando de Haro: El anticuario contra la concertada

La ministra Celáa negó ayer que el Gobierno haya amenazado a la concertada, que tiene un carácter complementario. Aunque insistió en que el referente debe ser la educación de titularidad y gestión pública. La concertada, hay que recordarlo es también pública. Celáa ha intentado matizar sin matizar el anunció que hizo el miércoles cuando aseguró que se iba a derogar el artículo 109.2 de Lomce.

El artículo 109 de la LOMCE establece que las Comunidades Autónomas crearán colegios públicos de gestión pública o colegios públicos de gestión concertada atendiendo, entre otros criterios, a la demanda social. Dicho de otro modo si hay muchos padres que quieren llevar a sus hijos al colegio de los salesianos, de los jesuitas o de la escuela de los libres pensadores, no se les impondrá a los padres un colegio público de gestión pública. La LOMCE tímidamente introdujo como criterio la demanda social, lo que los padres quieren. Y eso es lo que este Gobierno se quiere cargar.

Un partido como el socialista, que se llenó la boca hablando de pacto educativo, con solo 84 diputados, por las bravas, quiere cambiar una de las cuestiones más delicadas de nuestro sistema educativo. Fue otro Gobierno socialista el que aprobó el sistema de conciertos. El Gobierno más débil de la historia de España quiere cambiar uno de los pilares del sistema educativo, quiere devaluar la asignatura de religión, quiere imponer una versión del franquismo con una comisión de la verdad, se empeña en reabrir las heridas del pasado, quiere olvidarse de los cuidados paliativos y apostar por el suicido asistido, quiere que dejemos de usar el masculino genérico y que todos acabemos usando eso de los españoles y las españolas.

El Gobierno del joven Sánchez nos trae viejas diferencias, viejas divisiones. ¿Por qué este Gobierno no quiere respetar la demanda social? ¿Tiene miedo este Gobierno a lo que eligen los padres? ¿Tiene este Gobierno miedo a la libertad? ¿Tiene este Gobierno del joven Sánchez los viejos esquemas de la izquierda estatalista para la que el Estado y no la sociedad es el único legitimado para educar? Esos esquemas son viejos. Después de la crisis que hemos vivido no se puede decir que la solución es más mercado y menos Estado, ni más Estado y menos mercado. La crisis nos ha enseñado que necesitamos un Estado para la sociedad, un Estado fuerte que no tenga miedo a la libertad, un Estado capaz de convertirse en subsidiario de una sociedad protagonista. Mejor Estado para que haya más sociedad. Eso es lo que nos hace falta.

El Gobierno niega que vaya a perseguir a la concertada. Y se abstiene de toda crítica al modo en el que la euroorden ha sido aplicada en el caso de Puigdemont.

En nombre del respeto a las decisiones judiciales, el Gobierno no critica la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein de no entregar a Puigdemont por delito de rebelión, solo por delito de malversación. Ese respeto que dice tener el Gobierno por las decisiones judiciales no lo tuvo Sánchez el jueves cuando aseguró que lo importante es que Puigdemont sea juzgado en España

Hay dirigentes del PP como Esteban González Pons que con motivo de esta decisión de Alemania han pedido la suspensión de Schengen.

El juez Llarena tiene ahora que tomar una decisión, puede aceptar o rechazar la entrega por malversación, suspendiendo la eurorden. Si opta por retirar la eurororden puede reclamar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha señalado con acierto en las últimas horas que el tribunal de Schleswig-Holstein se ha equivocado.

Al decidir no entregar a Puigdemont por delito de rebelión, alta traición en Alemania, ha faltado al espíritu y la letra de la eurorden. Los jueces alemanes han entrado en el fondo del asunto, estimando si la conducta de Puigdemont se ajusta al tipo penal y si hubo o no suficiente violencia. No es eso lo previsto.

Lo sorprendente es que este pronunciamiento cuestionable de unos jueces alemanes se pretenda utilizar como doctrina que deba ser vinculante en España. Es lo que han hecho los abogados defensores de los políticos presos que solicitan que se les ponga en libertad provisional y que no tenga efecto la suspensión como diputados que ha dictado Llarena. Jaume Alonso Cuevillas ha asegurado que la nueva fiscal general del Estado ahora tiene que cambiar de criterio y dejar de acusar por rebelión.

Una decisión de un tribunal no competente, que se ha extralimitado y que no tiene a disposición el sumario, no puede ser un argumento jurídico por mucho que se empeñe en independentismo.

El Gobierno no ha querido valorar cómo se ha aplicado la eurorden. Sabremos cuál es su posición en toda esta cuestión cuando veamos lo que hace la fiscalía. Si la fiscalía retira la acusación por rebelión, tal y como reclaman los independentistas, sabremos qué tipo de acuerdos hay entre Moncloa y la Generalitat. La calificación de los actos del pasado 1 de octubre como rebelión es algo sin duda que puede discutirse, pero si el Ministerio Público decide cambiar su posición, se habrá constatado un giro muy pronunciado, una voluntad de corregir la posición del juez instructor