Los regantes, sobre los cultivos de Doñana: “No asumimos que no podamos tener en propiedad las tierras"

Doñana es un asunto ya un poco complejo y está centrando el debate político de los últimos días. Un tema muy condicionado por la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

¿A quién afecta el proyecto de ley que se está tramitando en el parlamento andaluz? ¿Cuántas hectáreas se están cultivando? ¿De dónde podría salir el agua para regar unos cultivos que, en algunos casos, forman parte de una especie de limbo legal? Muchas cuestiones que más allá del regate corto de la precampaña electoral y merecen una explicación más detallada.

Se trata de un asunto con repercusiones en el ámbito medioambiental, económico, legal y sí, también político. Empecemos por la cuestión ecológica. Doñana es un enclave de más de 122 mil hectáreas, de los cuales algo más de 54 mil forman parte del Parque Nacional. Se considera la mayor reserva ecológica de Europa y en 1994 la UNESCO declaró el Parque Patrimonio de la Humanidad. El problema del parque es que se enfrenta al periodo de sequía más severo de su historia.

La acumulación de precipitaciones durante los dos últimos años ha sido de 304 milímetros, el 58% de la media. Y fíjate, en este otro dato: el 59% de las lagunas de mayor tamaño de Doñana no se ha inundado al menos desde 2013. Y a esa falta de lluvia hay que sumar la sobreexplotación del acuífero para riego y consumo.

El fondo del conflicto actual

El parlamento andaluz, con los votos del PP y de Vox, ha comenzado a tramitar una ley que tiene como objetivo regularizar una serie de plantaciones agrícolas que vivían en una especie de limbo jurídico desde la aprobación del plan de 2014. Esta era una ley que prohibía el cultivo de las tierras que no contasen con concesiones de riego en el año 2004.

Lo que provocaba que muchas explotaciones quedaran fuera del marco legal. Por eso, el actual Gobierno andaluz defiende la necesidad de dar una solución a esos agricultores. El consejero andaluz de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, recuerda en Herrera en COPE que la primera ley que aprobó Pedro Sánchez cuando llegó al Gobierno, en 2018, fue la del trasvase en la provincia de Huelva, que nunca ha llegado a ejecutar. En realidad, el decreto del parlamento no autoriza el uso de agua del acuífero de Doñana, sino que legaliza unas plantaciones y remite el uso del agua a un hipotético trasvase interno cuyas obras, que aún no han comenzado, debe ejecutar el gobierno central.

¿Y quiénes son los agricultores afectados? ¿A qué se dedican? ¿Están todos de acuerdo con el plan del gobierno andaluz? Son algunas de las cuestiones que nos planteamos. Para empezar, conviene aclarar que el principal cultivo en la comarca del Condado, que incluye a los municipios de Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte, es el de los frutos rojos. Según el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta, Andalucía produjo el 97,3% de la fresa española y casi el 29% de la fresa de la UE.

Y es verdad que las tierras de cultivo se han incrementado exponencialmente durante la última década. Han pasado de 2.162 hectáreas a 3.542. Pero, como decimos, no todos los agricultores piensan del mismo modo. Principalmente, porque algunos tienen tierras en esas zonas alegales y otros tienen explotaciones perfectamente reguladas. Estos últimos se han agrupado en la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana. Su portavoz, Manuel Delgado, sostiene en la televisión pública que el proyecto de ley Juanma Moreno está construido sobre la llegada de un agua que en realidad no existe. Esta asociación, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Almonte y representa a 300 agricultores que cuentan con más de 4.000 hectáreas de regadío, está en contra.

A favor está la plataforma en defensa de los regadíos del Condado y su portavoz, Julio Díaz, le ha explicado a los compañeros de COPE Huelva la necesidad de regularizar esas explotaciones que en 2014 se quedaron fuera de la ley. Y reclamaba al gobierno esa infraestructura que permitiría regar esas explotaciones con agua superficial del trasvase

Desde la plataforma de regantes estiman que la nueva ley andaluza podría regularizar unas 800 hectáreas, aunque las organizaciones ecologistas dicen que son más de 1.900. Los regantes asumen que el agua no puede venir del acuífero y recuerdan que la ley de la Junta no tiene que ver con el agua.

La respuesta del Gobierno

El Gobierno sigue diciendo que hay unas 200 explotaciones ilegales que pinchan agua del acuífero de Doñana. Se trata de una extensión de 2.600 kilómetros cuadrados de agua subterránea que emerge a la superficie durante la temporada de lluvias. Y es verdad que una minoría de agricultores han contribuido a esquilmar ese acuífero con extracciones ilegales. De hecho, se han producido 49 condenas en los últimos 15 años por abrir pozos ilegales.

De hecho, España ya fue condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no salvaguardar adecuadamente el entorno de Doñana. Se acusaba a España de no tener en cuenta cómo afectaba al parque no solo los pozos ilegales sino también la urbanización de matalascañas.

Pero, ¿por qué ha estallado ahora la polémica? Es evidente que la cercanía de las elecciones lo contamina todo y que el gobierno de España ha visto una ventana de oportunidad que no piensa dejar escapar. A esto mismo se refería el consejero andaluz con Herrera en la entrevista de esta semana. Ramón Fernández Pacheco pedía a Moncloa que se sentaran a hablar con ellos. Desde el gobierno, sin embargo, insisten en que ni siquiera se van a sentar a hablar con el equipo de Moreno Bonilla mientras no retiren la ley.

De momento, la respuesta del gobierno es presionar en Bruselas y tratar de mantener encendida la polémica ante un asunto que, como hemos analizado en La Mañana del Fin de Semana de Cope, merecería un debate más profundo y menos ideologizado. Pero para eso, mucho nos tememos, habrá que esperar a que no haya unas elecciones en el horizonte.